Prácticamente cada semana se dan a conocer nuevos casos de corrupción política en nuestro país. Desde gobernadores que manejan con opacidad el dinero público, o legisladores que cobran comisiones por los recursos que logran asignar, hasta presidentes municipales coludidos con el crimen. Todos tienen algo en común, tienen “fuero”. No pueden ser aprehendidos por las autoridades por una figura legal que más bien pareciera un derecho a permanecer en la impunidad.

 
Todo esto abona a la justificada desconfianza que tiene la sociedad mexicana sobre su clase política. Desafortunadamente frente a la ley no somos iguales. El fuero es una especie de privilegio y protección para no ser juzgado; pero hoy en día, cuando el principal problema que tenemos como país es la corrupción, ya no existe razón para mantener esta figura, y menos si pretendemos reencontrarnos con una ciudadanía incrédula.
 
Esta reconciliación es vital si pensamos en un país que necesita crecer con el compromiso y trabajo en equipo de todos los sectores. Nada puede concretarse si existe un clima de desconfianza y descalificaciones permanentes. Debemos demostrar voluntad para eliminar las barreras que nos alejan injustificadamente, de los ciudadanos.
 
Es preciso generar un marco de igualdad. Y en este sentido en los próximos días solicitaré a la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, junto con compañeras y compañeros legisladores del PRD, se nos retire el fuero constitucional. Si la respuesta fuera negativa, acudiremos a los tribunales correspondientes, y de ser necesario, llegaríamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 
La razón histórica para justificar la existencia del fuero ya no se sostiene. Este privilegio en su momento se otorgó a determinados funcionarios, para proteger el desempeño independiente de sus tareas, y estuvieran libres de cualquier presión o amenaza. Desde la Constitución de Cádiz de 1812 se establece la inviolabilidad de los diputados por las opiniones que expresen, así como restricciones a la forma en que pueden ser juzgados en materia criminal. Desde entonces, y no obstante varias modificaciones, la Constitución mexicana contiene preceptos que mantienen en su lugar, e incluso profundizan, dichas protecciones.
 
A diferencia de lo que sucedía cuando se creó la figura del fuero, hoy todos gozamos de la presunción de inocencia y de las garantías propias de un sistema penal acusatorio. Con todo lo imperfecto que pueda ser el sistema de justicia penal mexicano, está ahí, y debemos estar sometidos a él como lo está cualquier ciudadano.
 
El fuero es hoy un lastre que afecta la imagen de quienes queremos contribuir a una nación justa y honesta. Es un principio obsoleto que genera espacios oscuros, que permite que la corrupción prolifere y eche raíces profundas.
 
Desde abril de 2015, sostuve durante la discusión de las leyes en materia de combate a la corrupción, que debíamos retirar el fuero. En redes sociales miles de ciudadanos nos manifestamos mediante el hashtag #FueraElFuero. Logramos en su momento ser escuchados y dejar sembrada la semilla para eliminar este indebido privilegio. Hoy toca sentar precedente legal, por lo que nos iremos a un litigio que es estratégico para el futuro que queremos como país. 
 
Que la corrupción no sólo se persiga cuando exista una ganancia electoral. Que las detenciones de políticos no sea una forma de parchar un sistema deficiente para lavar imagen. Hoy, los políticos en la cárcel son procesados por el mismo sistema que les permitió ser corruptos, todo esto tiene que terminar. Si queremos ir a fondo, un primer paso es eliminar el fuero. Demostremos que no tenemos nada que ocultar ni temer, y espero que nadie se oponga.