El próximo domingo 4 de septiembre, se llevará a cabo en la Ciudad de México un proceso electoral donde los ciudadanos elegirán los proyectos en los cuales se destinará el presupuesto participativo 2017, así como a los comités ciudadanos que representarán a su colonia o pueblo originario. 

El presupuesto participativo representa el 3% del presupuesto asignado a cada delegación para el ejercicio fiscal 2017. La cantidad resultante se divide en partes iguales entre las colonias y pueblos originarios de cada delegación. Para ejercerlo, los vecinos se organizan y presentan uno o más proyectos específicos con base en sus necesidades. 

Muchas veces deberían ser temas resueltos por las mismas delegaciones: poda de árboles, adquisición de alarmas vecinales, luminarias, etcétera. Las versiones más justas y loables que presentan las comunidades son: remodelación de parques así como para la promoción de actividades culturales, entre otras. Los proyectos aprobados por la delegación se someten a votación y los vecinos deciden el proyecto al que se aplicarán los recursos. 

En las diversas reuniones que he sostenido con habitantes de la Ciudad de México, tuve oportunidad de escuchar sus experiencias con respecto al presupuesto participativo. En términos generales lo consideran un gran avance, sin embargo, en la práctica muchas veces los procedimientos alejan a los ciudadanos y con ello propician el abstencionismo, que valdría la pena recordar, fue el protagonista en la pasada elección para la Asamblea Constituyente. 

Partamos de la premisa de que los proyectos específicos son presentados por ciudadanos independientes, no por partidos políticos o asociaciones civiles. Ello implica que no se trata necesariamente de especialistas en los temas sobre los que versa el proyecto ni cuentan con recursos para contratar un perito en la materia que dictamine los materiales, gastos y tiempos que implicará el proyecto, o simplemente no cubre el interés o necesidad de la delegación. 

El Instituto Electoral del Distrito Federal se limita a entregar el formato y la delegación correspondiente se encarga de realizar un dictamen para aceptar o rechazar el proyecto.

Con respecto al dictamen, si solamente la delegación analiza y dictamina el proyecto se corre el riesgo de que se rechacen aquellos que no son afines a los intereses de la corriente política en turno. Aunado a lo anterior, la Ley de Participación Ciudadana actual no establece lineamientos para la elaboración de los dictámenes, por lo tanto cada delegación lo hace a su manera. 

Por otro lado, si el dictamen de un proyecto es negativo, se tienen tres días para presentar un escrito que solicite a la delegación revisar las consideraciones por las cuales fue rechazado, en caso de persistir la negativa existe la posibilidad de acudir ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal y presentar una demanda lo cual implica contratar los servicios de un abogado especialista en derecho electoral. En ese momento el ciudadano queda en estado de indefensión, se desanima y, en consecuencia, se aleja del ejercicio democrático. 

El Instituto Electoral del Distrito Federal no está facultado para representar al ciudadano y no hay abogado de oficio para estos casos. Será tarea de la Asamblea Constituyente fortalecer la figura del presupuesto participativo y buscar las reformas necesarias a la Ley de Participación Ciudadana para establecer condiciones que permitan participar en procedimientos más equitativos. 

Considero que el abstencionismo y la apatía no se combaten con anuncios comerciales o estrategias de imagen pública, sino con leyes que realmente garanticen al ciudadano que su esfuerzo y tiempo invertido en la vida democrática de la Ciudad realmente será tomado en cuenta y se le dará la importancia que merece. Éxito el próximo domingo.