El escandaloso caso de la diputada sinaloense, Lucero Sánchez, es una muestra palpable de lo que sucede en un país con instituciones débiles y corrompidas: el crimen organizado y el narcotráfico lograron infiltrarse en el Congreso. ¿La ventaja? su fuero los convierte en “intocables” ¿La desventaja? están bajo el escrutinio público.
Pero este caso, de una legisladora estatal apoyada por la alianza PAN-PRD, no es nuevo en la historia política contemporánea. Los casos más escandalosos y polémicos datan desde el sexenio de Carlos Salinas, cuando desde el Palacio Legislativo de San Lázaro se orquestó el asesinato del Francisco Ruiz Massieu, entonces líder nacional del PRI.
El 28 de septiembre de 1994, el presidente tricolor fue ejecutado a las afueras del hotel Casablanca, en la calle de Lafragua. Su homicida, Daniel Aguilar Treviño, reveló que detrás del crimen estaban los diputados Manuel Muñoz Rocha y Abraham Rubio Canales. Desde entonces, el primero permanece en calidad de desaparecido.
En las elecciones federales del 5 de julio de 1999, el diputado Julio César Godoy Toscano fue electo diputado federal por Michoacán. Sin embargo, ese mismo año se filtraron sus vínculos con el narcotráfico. En septiembre de 2010, para evitar su aprehensión, ingresó oculto en una camioneta a la Cámara de Diputados, a fin de rendir protesta como legislador. El fuero ató de manos a la PGR, hasta que en diciembre de ese año se aprobó su desafuero. Desde entonces permanece en calidad de desaparecido.
Apenas el 2 de febrero pasado, Antonio Tarek Abdalá Saad, diputado federal del PRI por Veracruz, tuvo que desmarcarse de Francisco Navarrete, presunto jefe de plaza en Tierra Blanca del Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de ser exhibido en una fotografía que circuló en la prensa.
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Los escándalos son muchos y salpican a todos los partidos. Y a pesar de las lecciones, algunos partidos parecieran no entender las lecciones. El 26 de septiembre, 43 estudiantes normalistas fueron desaparecidos por policías municipales de Iguala y Cocula, con la complacencia del alcalde perredista José Luis Abarca. El costo que pagó el PRD fue altísimo.
Estos escándalos pasan la factura a los partidos, con resultados estrepitosos en los procesos electorales, pues la ciudadanía se harta de una clase política corrupta o corrompida por el abuso de poder y los intereses particulares. En el PAN lo saben y por eso pusieron en marcha un protocolo para resolver la crisis que podría derivar que hayan apoyado a Lucero Sánchez para ganar una curul en el Congreso de Sinaloa.
La dirigencia nacional del PAN, con Ricardo Anaya a la cabeza, ha sido clara y congruente con uno de sus compromisos contra la impunidad: la reforma Anticorrupción que impulsa desde el Congreso de la Unión. Acción Nacional falló en sus controles para designar candidatos a diputados, con Lucero Sánchez, vinculada al capo más famoso del mundo, a Joaquín Guzmán Loera, «El Chapo». Para resolver la crisis, Anaya destituyó al coordinador parlamentario en Sinaloa y exige desaforar a la «Chapodiputada» para que sea sometida a proceso penal.
Con el arranque de las campañas en puerta, el PAN espera una andanada de descalificaciones, por eso ha emprendido una serie de medidas sin cortapisas, sin simulación: que caiga todo el peso de ley contra los delincuentes, así sean de su partido o así hayan sido apoyados por el blanquiazul, como el caso de Lucero. A diferencia del PRI o del PRD, con escándalos como el de Muñoz Rocha o Godoy Toscano, Acción Nacional manda un claro mensaje a la ciudadanía, de no tolerar ni solapar a ningún delincuente y de cero impunidad.
La sociedad está harta de malos políticos y el PAN también. Y esa será una de las apuestas más fuertes para lograr un mayor número de simpatías el 5 de junio. Eso junto con otro tipo de plataformas, como la de 3de3, la cual da la bienvenida a la transparencia de bienes de los candidatos. Pero de esto hablaremos la próxima semana.