La semana pasada la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer, a través de un pequeño comunicado, que terminaba la concesión con la compañía Ferrocarriles Chiapas‑Mayab, entonces inició el conflicto.

En el comunicado la SCT dijo que el rescate del ferrocarril se debía al: “interés públicos y de seguridad nacional”.

El Chiapas‑Mayab es más conocido como “La Bestia”, es a ese tren al que suben al techo miles de migrantes cada año con el sueño de llegar a los Estados Unidos para poder tener una vida que en sus lugares de origen se les ha negado.

La compañía de ferrocarriles pertenece a Viabilis Holding S.A. de C.V. y a través de Chiapas Mayab tenía la concesión desde el 26 de agosto de 1999 y hasta el pasado 23 de agosto.

El viernes pasado apareció una carta publicada en varios medios de circulación nacional a nombre de Guadalupe Gallego Ochoa, la misiva estaba dirigida al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a quien le solicitaba su ayuda.

Gallego Ochoa explica que es accionista de Viabilis Holding, del 50 por ciento que adquirió la sociedad titular de la concesión del Ferrocarril Chiapas-Mayab.

En el texto dice que Pedro Topete, quien es su socio, “siempre ha buscado con acciones fraudulentas de las que conocen las autoridades penales, anular o apoderarse” de sus acciones.

Gallego Ochoa dice que Topete junto a grupo ICA anunció que esta última se hacía del otro 50% de Viabilis Infraestructura, “lo que resultó un engaño político inversionista pues nunca consentí dicha compra venta”, escribió en el comunicado.

Además Gallego Ochoa hace mención a una investigación que se le sigue a Pedro Topete por delitos relacionados con el lavado de dinero.

Luego de publicada la carta el empresario Pedro Topete emitió un comunicado en el que pide a Peña Nieto que atienda el llamado hecho por Gallego Ochoa.

Topete no negó las acusaciones hechas por Gallego Ochoa, pero conminó al mandatario a atender “oportunamente… a fin de que la Sra. Gállego (sic), no tenga que incurrir nuevamente en costos excesivos (6 desplegados en un solo día, promoción en medios y la participación de los mismos bots de siempre) para que su respetuosa petición sea atendida”.

En enero de este año, la Procuraduría General de la República (PGR) indago a Pedro Topete, en su calidad de propietario de Tecnología Aplicada Infraiber S.A., junto a su socio y Paulo Diez Gargarin, como presuntos responsables de extorsión en contra del consorcio español Obrascón Huarte Lain (OHL).

Entonces el director de OHL-México, Sergio Hidalgo, afirmó que se procedió contra Infraiber S.A., debido a una amenaza de desatar una campaña de desprestigio si no lo ayudaban a recuperar un contrato que perdieron en el Estado de México.

En 2015, el 10 de septiembre, OHL informó a sus accionistas que había empezado una demanda contra Infraiber por espionaje, empresa a la que acusó de intervenir comunicaciones de sus directivos con funcionarios federales, como Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En las grabaciones, los miembros de OHL pedían ayuda del presidente Enrique Peña Nieto para solucionar un problema de cobranza carretera con Infraiber.

Después de publicarse las grabaciones la PGR entró a catear las oficinas de Infraiber, el día 11 de septiembre. Es a este cateo al que se refiere Topete en su comunicado y asegura que por eso perdió la concesión del ferrocarril.

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