Las presentes campañas electorales son, sin duda, las más desabridas de la joven historia democrática del país. Salvo algunos estados donde se elige gobernador, el resto del país permanece indiferente a la contienda electoral que concluye en tres semanas.
No sólo porque se trata de una elección intermedia, que suele despertar poco interés con respecto a los comicios donde se elige Presidente de la República, sino porque los actores políticos se han empeñado en mostrarse irrelevantes ante los problemas que la población enfrenta cada día.
Más justificado que nunca, el argumento de “todos los partidos son iguales” parece haberse quedado tatuado en la mente de los electores. No parece haber elección en positivo, sino sólo la opción del menos malo. La tormenta perfecta para una joven democracia.
Así que si el escenario es este y el 8 de junio no veremos cambios significativos en la composición del Congreso o de los contrapesos informales que representan los gobernadores en el país, bien vale la pena preguntarnos qué es lo que sigue.
Bajo tal escenario quedan dos alternativas: 1) seguir esperando la llegada del superpolítico que nos salve a todos ó 2) cambiar las reglas del juego en favor del interés común.
Mientras lo primero no suceda, bien vale la pena que los demás nos pongamos a trabajar en lo segundo: reformar desde afuera al sistema político para que los incentivos que genera sigan distorsionando el ambiente social y generen todavía más descontento.
¿Qué cambios?
Son muchos, pero hay tres fundamentales:
1) cambiar las reglas de financiamiento a los partidos políticos. Como ya lo hizo notar Alejandro Poiré en este artículo (http://blogs.ft.com/beyond-brics/2014/12/12/guest-post-tackling-corruption-in-mexico-means-reforming-campaign-finance/) la sobrerregulación de las campañas ha creado un mercado negro para el apoyo político mediante enormes cantidades de efectivo, que luego deben ser pagadas vía corrupción.
2) Eliminación de la mitad de los plurinominales. Si bien existen buenos argumentos en favor de los plurinominales como un método para eliminar la sobre representación y subrrepresentación de algunas fuerzas políticas, lo cierto es que su existencia implica una afrenta constante al ciudadano común que cada día se siente más alienado de sus representantes populares.
3) Desaparición del fuero: lo han ofrecido en campaña varios partidos políticos y ninguno ha cumplido. Hoy el fuero es el símbolo más claro de la impunidad que reina en el país. Su existencia ya no tiene justificación.
¿Cómo?
Mediante la iniciativa ciudadana. Esta figura, relativamente nueva en nuestras leyes, requiere se recopilen las firmas de alrededor de 105 mil personas para que pueda ser avalada por el INE y posteriormente discutida en el Congreso.
Si bien recabar las firmas requiere un esfuerzo muy particular que representa retos logísticos y de operación, se trata de apenas 0.13% del padrón de electores y la evidencia reciente demuestra que es posible recolectarlas (incluso en números muy superiores al mínimo exigido por la ley).
¿Cuándo?
La nueva Legislatura que inicia en septiembre debería tener esta iniciativa en sus manos casi al mismo tiempo en que se juramenten como diputados. No hay mejor momento para promover cambios sustantivos que en el más lejano a la siguiente elección. Los votos efectivos, y la participación ciudadana activa, son los que definen el rumbo de las políticas públicas y del país.
