El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, Roberto Campa, precisó hoy que el término “abatir” no supone privar de la vida a una persona, un día después de que una ONG denunciara que los militares que mataron a 22 personas en Tlatlaya tenían la orden de “abatir delincuentes”.
“El término abatir tiene muchas acepciones y ninguna es privar de la vida”, aseguró a Radio Fórmula al responder a un informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) sobre lo ocurrido el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, en el Estado de México.
El documento “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, presentado el jueves, fue integrado a partir de la información a la que la ONG accedió al ejercer la representación legal de una de las testigos sobrevivientes de los hechos.
Según un oficio militar al que tuvieron acceso, los militares mexicanos que participaron en los hechos del 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya tenían la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
A este respecto, Campa aseguró que si se hace una “interpretación completa del documento” hay “suficientes referencias” en las que “la instrucción es respetar los derechos humanos”.
“Al Ejército le pedimos intervenir normalmente en las regiones más complicadas, en las más violentas, por lo que me señalaron que la interpretación del documento tiene que hacerse a la luz del documento completo y que la instrucción tiene referencias constantes y suficientes para respetar los derechos humanos”, insistió.
Según la ONG, de la orden resultan “una serie de instrucciones que, sin lugar a dudas, son ilegales y, más grave aún, que a todas luces incentivan la comisión de violaciones a derechos humanos”.
La versión inicial del Ejército sobre lo ocurrido en Tlatlaya establecía que 22 supuestos criminales fallecieron en un enfrentamiento armado con las tropas.
Sin embargo, la CNDH sostuvo que solo siete murieron de esta forma, mientras que cifró en 15 los civiles asesinados por los soldados una vez que se habían rendido.
La investigación de la fiscalía también admite que hubo ejecuciones extrajudiciales, aunque una cantidad menor.
La fiscalía general acusó a tres militares de “homicidio calificado” y otra más, el teniente que encabezó la operación, de encubrimiento.
Este grupo y cuatro soldados más que participaron en los hechos además son procesados por la justicia castrense de delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes.
