La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen con proyecto de decreto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, iniciativa que fue presentada por el presidente Felipe Calderón en septiembre con carácter de preferente.
La reforma, avalada con 447 votos a favor y uno en contra, pretende que la información financiera de los tres niveles de gobierno se presente de forma clara, sencilla y accesible a los órganos de fiscalización y la sociedad en general, para combatir el desvío de recursos.
Asimismo, incluye sanciones administrativas y penales de dos a siete años de prisión, así como multa de mil a 500 mil días de salario mínimo general vigente, a quien cause daño a la hacienda pública o el patrimonio del ente público respectivo.
La minuta aprobada por el pleno pretende que la información financiera de los diversos órdenes de gobierno se presente de forma clara, sencilla y accesible no sólo a los órganos de fiscalización y evaluación, sino a la sociedad en general.
Se busca con ello cerrarle espacios a la corrupción y a los desvíos de recursos públicos, permitiendo a los órganos fiscalizadores conocer la información financiera fidedigna sobre el uso de los recursos, con el objeto de sancionar e inhibir prácticas indebidas.
Para ello se incluye el establecimiento de reglas de transparencia para toda la información financiera generada en el proceso presupuestario y la aplicación general de esas disposiciones, armonizando la presentación de la información financiera de todos los entes públicos.
Además se establecen reglas para armonizar la información financiera del ciclo hacendario, relativa a la programación, presupuesto, ejercicio, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los recursos públicos, así como para los procesos de implantación y operación de presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño.
La Secretaría de Hacienda y las de finanzas o sus equivalentes de los gobiernos facilitarán el acceso a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el respectivo orden de gobierno, a través de enlaces electrónicos en sus páginas de Internet.
Al hablar a favor del resolutivo, la diputada priista, Patricia Araujo de la Torre, dijo que con la ley permitirá que la sociedad tenga mayor información y se involucre en los procesos administrativos que implican el manejo de recursos para poder exigir a los gobiernos mejores resultados.
También prevendrá y combatirá la corrupción, así como el desvío de recursos públicos a fines distintos a los programados, agregó.
Por separado el representante panista, Ricardo Villarreal García, afirmó que su partido avalará la transparencia y rendición de cuentas en todos los ámbitos de la vida nacional, por ser ésta uno de los preceptos básicos de cualquier demócrata.
Comentó que la armonización de la información financiera y la obligación de difundirla son pasos necesarios para evitar el desvío de recursos y evitar la corrupción.
En opinión del diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Guillermo Sánchez Torres, si bien aporta herramientas para el buen uso de recursos públicos, aún es insuficiente para la transparencia y rendición de cuentas.
La deuda “alarmante” de las entidades asciende al tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), siendo Coahuila, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Quintana Roo y Michoacán las más endeudadas, abundó.
Al fijar la postura del Partido Verde, Tomás Torres Mercado, destacó que la minuta aborda dos ejes fundamentales: principios y reglas para la contabilidad gubernamental de todos los entes públicos y principios, para dar un sentido homogéneo a la información del uso del origen y destino de las finanzas públicas.
A su vez, el legislador de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Samperio Montaño, indicó que la nueva ley impactará en la forma de fiscalizar el gasto en estados y municipios y su rendición de cuentas. Sin embargo, quedará pendiente enfrentar la corrupción.
Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo, reconoció que esta ley aporta instrumentos para combatir y sancionar el desvío de recursos públicos y abona a la transparencia y rendición de cuentas.
Sobre el tema, la legisladora de Nueva Alianza, María Sanjuana Cerda Franco mencionó que “con esta ley se le cerrarán espacios a la corrupción y a la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, al hacer accesible la publicación de la información financiera antes, durante y después del ciclo presupuestario”.
