La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su inconformidad por la “campaña de desprestigio” por parte del Estado mexicano, en contra del secretario ejecutivo del organismo, Emilio Alvarez Icaza Longoria y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En un comunicado, rechazó la averiguación previa iniciada a Emilio Alvarez Icaza Longoria por un presunto delito de fraude en prejuicio del Gobierno federal, en relación con el trabajo del GIEI, el cual participa en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“La CIDH expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre la base de esta denuncia, que por no contener ningún hecho constitutivo de delito, resulta temeraria e infundada”, manifestó.
Añadió que al firmar el acuerdo de cooperación con México, Alvarez Icaza, en su carácter de secretario ejecutivo de la CIDH, actuó en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la figura de “delegación de firma”.
En el texto abundó que conforme a las reglas de la OEA, la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas.
De ahí que la CIDH no administró dichos recursos, ni tampoco el secretario ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza,
“La denuncia señala: ‘Con el argumento de incorporar a un grupo de expertos en distintas materias criminalísticas, con la promesa de que cumplirían los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, y que tendrían carácter de independientes, el mexicano Emilio Álvarez Icaza engañó al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pues en lugar de ello, convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes de cada uno de ellos, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos’”, resaltó la CIDH.
El organismo recordó que el acuerdo de asistencia técnica fue firmado en 2014 por la CIDH, los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y el Gobierno de México, representado por las Secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR).
Todos los representantes de la administración a cargo de Enrique Peña Nieto estuvieron de acuerdo con la selección los cinco expertos que constituyen el GIEI, aclaró de la comsión.
“La propuesta de dicho acuerdo surgió a solicitud del Estado y de los representantes de los estudiantes, y se suscribió en cumplimiento de los objetivos de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los hechos que tuvieron lugar el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero”.
«Las partes acordaron “la incorporación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes en materia de derechos humanos, para realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano’ tras la desaparición de los 43 estudiantes beneficiarios de las medidas cautelares”.
La CIDH comentó que tras dicho acuerdo designó al GIEI por un periodo de seis meses, con la facultad de efectuar el análisis de los planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas y en su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente; un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre.
Puntualizó que en el transcurso de su mandato, el GIEI ha emitido cuatro informes y el primero fue 6 de septiembre de 2015, el cual contiene la investigación y primeras conclusiones. Posteriormente, a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las víctimas, el mandato fue renovado por un periodo adicional de seis meses.
“El informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI, presentado el 6 de septiembre de 2015, señala irregularidades, inconsistencias y/o ausencias en la investigación de los hechos por parte de las autoridades estatales. En particular, el GIEI cuestiona “la versión histórica” de los hechos dada a conocer meses atrás por el entonces procurahttp://edit.publimetro.com.mx/__frame/edit!0/x/metro/2016/03/29/pZ8yLOjo2pNIk/index.xmldor general de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas hubiesen sido incinerados en el basurero de Cocula. Como consecuencia del trabajo y las recomendaciones emitidas por GIEI, el Estado mexicano ha señalado que se han abierto nuevas líneas de investigación, lo cual representa un avance significativo en la búsqueda de verdad y justicia en este caso”, recalcó.
Por último, la CIDH reiteró su respaldo al trabajo y recomendaciones realizada por el GIEI, así como el accionar de su Secretario Ejecutivo, “que en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
“La Comisión expresa además su confianza absoluta en la probidad de su secretario ejecutivo, opinión fundada en el conocimiento de su accionar, tanto en relación al tema específico de esta infundada denuncia como en toda su gestión a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH”, atajó.
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