La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, dijo que la creación del sistema de georeferenciación es para identifcar a los comerciantes ambulantes que se instalan de manera irregular en zonas de colonias como la Roma y Condesa, así como garantizar los pagos correspondientes al uso del espacio público. 

La funcionaria local indicó que se tiene un registro de aproximadamente 100 mil personas que venden en vía pública, de los cuales unos tres mil pagan por uso del espacio público, mientras que el resto dejó de hacerlo hace mucho tiempo y con las acciones de ordenamiento se tendrá que retirar a unos; asimismo, se tienen identicados aproximadamente 800 mil a un millón de comerciantes.

“La mayoría no hace los pagos. Y por eso muchos de ellos van a tener que ser reubicados o definitivamente, decirles que en ese espacio donde están no pueden seguir ejerciendo el comercio (...) Quien no esté registrado en nuestro sistema, quien no pague por su espacio no puede estar en la vía pública”, dijo.  

Comentó que con ayuda del C4 trabajan en la vigilancia de los diferentes puntos, con el propósito de evitar que los comerciantes se instalan en la vía pública.

Destacó la importancia de que la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) participe como autoridad colaboradora, porque una de las soluciones a mediano y largo plazos es regularizar al comercio en vía pública y se transformen en una pequeña empresa.

Asimismo, dijo que aceptará la recomendación que le envió la CDHDF como autoridad coadyuvante y trabaja en la creación de un sistema de georeferenciación para monitorear el comercio informal en las delegaciones, además de que trabaja en la reubicación y ordenamiento de comerciantes en vía pública.

En conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Patricia Mercado, explicó que esta semana recibieron la recomendación 10/2016 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Dicha recomendación fue enviada al gobierno central y a las delegaciones Xochimilco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Tlalpan, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, y Tláhuac, que deberán determinar si la aceptan o no.

El documento señala que los derechos humanos violados que sustentan la recomendación son el derecho a la seguridad jurídica y a un nivel de vida adecuado en relación a un medio ambiente sano, vivienda adecuada, movilidad y a libertad de tránsito, y las ocho delegaciones a las que se les envió la recomendación son las autoridades responsables.

Las autoridades colaboradoras son las secretarías de Gobierno, Desarrollo Económico y Seguridad Pública.

La recomendación se inició a partir de una serie de quejas que desde hace ocho años tiene la CDHDF por omisión en el ordenamiento y supervisión de la normatividad en el desarrollo de la actividad del comercio informal en el espacio público de la ciudad, que impacta a la calidad de vida de personas que habitan y transitan en esas zonas.

El marco general de la recomendación arroja luz a la administración del gobierno local para plantear políticas públicas y coadyuvancia, diálogo como organizaciones, comerciantes establecidos y líderes para definir qué se tiene que hablar y ponderar.

Mercado Castro comentó que existe un diálogo con autoridades de la CDHDF, destacó que establecerán diálogos con los líderes de comerciantes para el retiro de algunos de ellos de manera definitiva o reubicarlos; asimismo, trabajan con delegados para mantener liberados los accesos a estaciones del Metro, escuelas y hospitales. (Con información de Notimex)

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