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Llegó pasadas las 8:30 de la mañana a una audiencia programada a las 9:00 am. Su abogado, Juan Antonio Villarreal, había llegado 30 minutos antes. Una camioneta Odyssey en color gris oscuro de modelo no reciente fue utilizada como medio de traslado de la ex presidenta municipal Margarita Arellanes.
El resto de los funcionarios regios citados por el Ministerio Público ante el juez de control ya se encontraban en la sala 1 del Palacio de Justicia de Monterrey.
Margarita Arellanes, antes de iniciar la audiencia solicitó permiso de ausentarse de la sala y lo hizo por 14 minutos, regresó en punto de las 8:58 de la mañana y, el proceso inició con demora. A las 9:04 la Secretario de Sala daba inicio a la audiencia que encabeza la Juez de Control Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez, quien antes de conocer los pormenores de la audiencia se refirió directamente a la parte acusada.
“Con motivo de la solicitud que presentaron ante esta servidora fechado el día 28 de junio del año en curso, en donde solicitaban que esta audiencia tuviera el carácter de “privada” me permito informarles que: en apego al articulo 6to constitucional me es imposible concederles dicha petición”. Contestó la juez.
Margarita y compañía habían tratado que lo medios informativos no estuvieran presentes en las audiencias que se les seguían.
“La solicitud que ustedes hacen hace referencia que derivado de estos procesos se pondría en riesgo su identidad, la seguridad de sus hijos menores de edad y la de sus patrimonios. Yo les contesto, con fundamentos en la ley de transparencia y en aras de un proceso abierto, público y transparente su petición es negada pues si bien es cierto que existen excepciones para que un proceso como éste sea público, no aplica en caso de los menores de edad que usted expone… en este proyecto, no se menciona a ningún menor de edad y por eso esa excepción no aplica” dijo la juzgadora.
El Ministerio Público por su parte, dio lectura a los cargos que pesaban sobre el clan Arellanes, “Se abre carpeta de investigación por ejercicio indebido de funciones y por ejercicio abusivo de funciones” dijo la fiscalía.
Margarita guardó silencio al igual que el resto de los funcionarios quienes tenían preparado una estrategia no para combatir la acusación, la estrategia era para impedir que la prensa cubriera el evento desde su interior. La sala, adaptada para 40 personas fue repleta casi en su totalidad por los abogados y personal que los acompañaba; encontrándose personal que su único trabajo era el cargar un bulto de hojas asimilando ser parte de un expediente. La estrategia casi funcionaba, pero faltaron ocupar 8 lugares mismos que fueron ocupados por representantes de diferentes medios informativos. Incluso uno de ellos, fue desalojado de la sala toda vez que un botón de pánico que portaba se activó y la seguridad del recinto se apresuró a retirar al comunicador del recinto.
Al leer los cargos a los imputados la fiscalía reveló que el contrato que había firmado el Clan Arellanes con el despacho de abogados había sido irregular, además de que ese contrato no había causado efecto toda vez que los representantes legales que se habían acreditado no eran los que se habían pagado en una suma por demás elevada.
La fiscalía también reveló que el contrato de 7.5millones de pesos tenía una cláusula que provocó un pago adicional y que en conjunto la cifra que se había desviado de manera irregular ascendía a los 8 millones 207 mil 546 pesos.
Al escuchar las imputaciones la defensa de los acusados prefirió no contestar al fiscal y solicitó al juez una ampliación del termino para contestar y evadir la vinculación a proceso. La Juez Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez aceptó la petición de la defensa y ordenó que la sesión sea reanudada el próximo 5 de julio del presente año.
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