Al participar en la mesa redonda ¿Están protegidos nuestros jueces ante el narcotráfico? el magistrado aseveró que en la actualidad la Policía Federal es la que brinda seguridad a los impartidores de justicia, pero por su formación solicitan que sean militares quienes los custodien.

En las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) precisó que estos casos se han dado en entidades como Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa y Nayarit, entre otras.

A su vez, el magistrado adscrito al 7 Tribunal Colegiado en Materia Penal y el Primer Circuito, Ricardo Ojeda Bohórquez aseveró que es obligación del Estado proteger a los jueces federales, pues un impartidor de justicia que es amenazado no puede firmar una resolución con apego a su conciencia.

Explicó que es necesario crear una secretaría de protección a los jueces, salvaguardar edificios, brindar protección a los magistrados y reservar su identidad para no ser blanco de la delincuencia organizada.

Por su parte, Jorge Ojeda Velázquez, titular del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito afirmó que es parte del riesgo del trabajo que desempeñan los jueces de sufrir embates del crimen organizado.

"Los jueces deben enfrentar este problema con inteligencia, entereza y bravura, sin tener miedo, ya que debemos estar dispuestos a enfrentar los riesgos de nuestra profesión" , puntualizo.

En este sentido indicó que no hay psicosis en el Poder Judicial y prueba de ello es que se trabaja con normalidad y reiteró que "los impartidores de justicia, en caso necesario, deben estar dispuestos a dar la vida para cumplir con sus obligaciones profesionales" .

Los tres magistrados coincidieron en que se deben de tomar medidas preventivas para evitar que la delincuencia organizada los haga blanco de amenazas, por lo que pidieron las garantías necesarias para realizar su labor.