El 4 de marzo de 2010, la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) legalizó el matrimonio igualitario en la capital del país, convirtiéndose en la primera ciudad en hacerlo en Latinoamérica.
La primera pareja del mismo sexo que disfrutó de este beneficio fue la formada por Lol Kin Castañeda y Judith Vázquez, y desde entonces se han llevado a cabo cuatro mil 900 bodas gays en el DF, de las cuales destaca su baja tasa de separación.
Según cifras del Registro Civil del DF, el índice de divorcios entre matrimonios homosexuales es apenas de 1%, pues hasta el momento sólo han disuelto su enlace 99 parejas lesbianas y 94 de varones gays, mientras que el índice de divorcios entre parejas heterosexuales se elevó a 32% en los últimos ocho años.
Cristian Galarza, especialista en temas LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans), indica que una de la razones por las que se puede explicar este fenómeno es porque las parejas gays se casan por amor.
“A diferencia de los heterosexuales, los gays no se casan por presión social o familiar, si deciden hacerlo es porque hay un deseo más real de estar con la pareja”, agregó.
El promotor del matrimonio igualitario, el entonces diputado local, David Razú, explica que el principal objetivo de esta medida era dotar a las parejas homosexuales de los mismos derechos y obligaciones que a las heterosexuales.
“Con estas modificaciones se avanza en el combate a la discriminación, un reconocimiento de derechos”, señaló.
Consideró que con esta aprobación el tema comienza poco a poco a replicarse en el país.
Casados:
4,900 matrimonios se han celebrado en este periodo
Por género:
53% son entre mujeres
47% son parejas de varones
Por delegación:
Cuauhtémoc con 2 mil 181, Benito Juárez con mil 3013, Gustavo A. Madero con 916, Iztapalapa con 851, Miguel Hidalgo con 844 y Coyoacán con 612
¿Y en el resto del país?
Parejas deben recurrir a amparos
Desde la legalización en el DF, Coahuila es el único estado que siguió los pasos y legisló en la materia.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia estableció que es una cuestión legal dentro de la Constitución, su inclusión en las leyes locales depende de la voluntad política, por lo que los interesados deben tramitar un amparo para poder casarse.
