El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, alertó que los cambios que realizó el Inegi en la medición del ingreso en los hogares podrían ocasionar que se arrojen cifras poco confiables sobre la situación de pobreza en el siguiente estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El líder blanquiazul afirmó que “sería muy grave que el gobierno intentara maquillar las cifras de medición de pobreza con fines políticos” ya que, consideró, la metodología que realizaba el instituto encargado de realizar los censos en el país estaba probada con criterios internacionales.
El pasado 15 de julio, el Inegi emitió un comunicado en donde reconoce que las modificaciones hacen que los resultados no sean comparables con los ejercicios estadísticos previos, pero justificó esta decisión al asegurar que los encuestados “tienden a declarar menos de lo que realmente perciben”.
El mismo día, el Coneval envió otro comunicado en donde notifica que los cambios efectuados por el Inegi no se realizaron con la transparencia y planeación que se necesitan para generar certidumbre a los usuarios, además de que estas variaciones desataron resultados en la medición del ingreso de los hogares que no son congruentes con la tendencia de los últimos años.
De acuerdo con Ricardo Anaya, los resultados mostrados en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015 “no corresponden con la realidad que viven y padecen a diario millones de familias mexicanas”, por lo que calificó estos cambios como lamentables.
“Esto es muy grave, porque, en primer lugar, y como el mismo Inegi reconoce en su boletín, las cifras reportadas en el MCS 2015 ya no son comparables con ejercicios estadísticos anteriores, lo que impide seguir la evolución de la economía de los hogares y, en segundo lugar, porque altera la base que por disposición legal debe utilizar el Coneval para hacer la medición de la pobreza”, sostuvo Anaya.
El presidente del PAN coincidió en que el cambio de los instrumentos de medición debió realizarse en coordinación con el Coneval y a través de un proceso abierto y transparente, asegurando que las mediciones deben estar apoyadas en sólidos criterios científicos ajenos a cualquier interés político.
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