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La Procuraduría General de la República destaca que con base en evidencias e investigaciones científicas se conoció que la Procuraduría del Estado de Guerrero, presuntamente manipuló la investigación de los hechos en que murieron dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
El titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Cuitláhuac Salinas Martínez, informó que las evidencias muestran que personal de esa dependencia estatal “incurrió en lo siguiente: Primero una manipulación y falta de preservación de las evidencias; segundo una manipulación de las actuaciones”.
A su vez, la directora general de Coordinación de Servicios Periciales, Sara Mónica Medina Alegría, detalló que la conclusión pericial es que fueron elementos de la Policía Ministerial de Guerrero quienes realizaron los disparos que produjeron la muerte a los estudiantes.
Sobre ese punto, Salinas Martínez agregó que será la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero la que investigue estos homicidios ya que al no ser delitos del fuero federal, están impedidos para ejercer acción penal respecto de ellos.
Es por eso que en su momento la PGR hizo llegar a la Procuraduría estatal las actuaciones que resuelven estos puntos, “la procuraduría estatal cuenta ya con la averiguación previa y con las suficientes pruebas de las cuales se desprende… los que son probables responsables”.
En rueda de prensa, Salinas Martínez informó que por estos hechos se concedieron 10 órdenes de aprehensión, contra un civil, así como contra funcionarios y ex funcionarios de la procuraduría estatal, entre los que se encuentra el ex procurador, Alberto López Rosas.
Respecto al ex titular de la dependencia estatal, precisó que éste obtuvo un amparo, por lo que cuenta con la suspensión provisional otorgada por un Juez Federal y no se puede cumplir la orden de detención.
Estas órdenes, detalló, también pesan contra un subprocurador, un director general, un fiscal, tres ministerios públicos, una auxiliar de Ministerio Público y otro servidor público, así como un civil. Del total una ya se ejecutó y tres están pendientes; hasta el momento hay seis personas con suspensiones provisionales.
Por lo que hace a los delitos del fuero federal, refirió Salinas Martínez, la PGR no ha exonerado a nadie, pero hasta el momento sólo ha consignado respecto a los delitos de falsedad de informes dados a una autoridad, simulación de pruebas contra la administración de justicia y encubrimiento.
Abundó que continúa la integración de la averiguación previa de otros delitos como abuso de autoridad, tortura, así como posesión de cartuchos y arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Por lo anterior, aclaró que cuando el Ministerio Público Federal cuente con elementos suficientes procederá contra quien resulte responsables con independencia de quien se trate.
En este contexto, destacó que la Siedo coadyuvó en la investigación del caso, ya que se contaba con una averiguación previa en la que se mencionaba que elementos de la Policía Estatal pudieron incurrir en delincuencia organizada.
