La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) anunció hoy que personal de esa institución viajó a Veracruz para tomar declaración a varios funcionarios de ese estado en relación con el asesinato del reportero gráfico Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y otras tres mujeres el 31 de julio pasado.
La institución señaló en un comunicado que pidió, vía oficio de colaboración, la declaración del actual secretario de la Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez; su antecesor, el general retirado Juan Manuel Orozco, y la presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, Benita González.
Los agentes de la Fiscalía de Homicidios de la PGJDF “permanecerán varios días” en Veracruz, estado del que Espinosa y Vera habían huido recientemente tras recibir amenazas de muerte, apuntó.
El objetivo es que “quien tenga algún dato que aportar en torno al caso referido, lo pueda hacer en las instalaciones de la Fiscalía General con sede en Xalapa”, la capital de Veracruz, añadió.
Por su parte, la Fiscalía de Veracruz aclaró en un comunicado que los agentes capitalinos no tienen jurisdicción en el estado, “por lo que cualquier actuación que quisieran hacer en nuestro territorio no vendría validez sin el apoyo de las autoridades estatales”.
Hace justo una semana, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dijo no tener nada que ver con el crimen perpetrado en la capital mexicana en una declaración ante la PGJDF.
Duarte explicó que hizo su declaración porque nunca ha creído en el fuero, pero tampoco “en los linchamientos públicos que, lejos de crear valor, alejan de la verdad y encubren a los verdaderos culpables”.
Desde que se conoció este caso, el gobernador ha sido señalado como uno de los responsables de la impunidad en Veracruz, considerada una de las regiones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo.
Sin embargo, según la fiscalía estatal, hay “pleno respeto a la crítica pública” y “el periodismo se ejerce sin cortapisas” en Veracruz, donde desde 2010 han sido asesinados 14 comunicadores.
Espinosa había denunciado amenazas y hostigamientos en Veracruz, razón por la que se fue a vivir a Ciudad de México, mientras que Vera, en unas declaraciones de 2014, responsabilizó a Duarte de “cualquier cosa” que le “pudiera suceder” y lo acusó de ser el responsable directo de la represión en el estado.
El reportero gráfico, la activista y tres mujeres más fueron asesinadas el 31 de julio en un departamento de la colonia Narvarte de la capital mexicana. Sus cuerpos fueron encontrados con un tiro de gracia y, en el caso de ellas, también con signos de tortura.
Hasta ahora un hombre ha sido detenido por su presunta participación en los hechos y otros dos implicados son buscados por la fiscalía capitalina.
La PGJDF reiteró hoy que “mantiene abiertas todas las líneas de investigación, así como la atención a los familiares de las víctimas”, al responder a las críticas lanzadas en su contra en los últimos días.
Los abogados Karla Michel Salas y David Peña, representantes de la familia de Vera, acusaron a esa institución de filtrar “información sensible del expediente” con el fin de estigmatizar a las víctimas por su nacionalidad u oficio y apuntar al robo o las drogas como móvil de crimen.
Hasta el momento, la PGJDF “no ha logrado determinar cuál fue el móvil” para someter, violentar y ejecutar a las cinco víctimas, señalaron y aseguraron que el único detenido por el caso, Daniel Pacheco, no ha confesado su participación y sí ha denunciado tortura.
Además, afirmaron los letrados, las características del crimen “distan mucho del perfil que ha filtrado la PGJDF sobre los probables asesinos: un acomodador de autos, un pulidor de carros y un malabarista que trabaja en las calles”.
