La Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) acciones de inconstitucionalidad en contra de los Congresos y gobernadores de Quintana Roo y Veracruz por aprobar leyes locales anticorrupción «a modo».
La PGR presentó dos acciones de inconstitucionalidad por las normas avaladas en esas entidades que se consideran violatorias de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.
El vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, señaló en rueda de prensa que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto se presentaron estas acciones porque “ninguna institución ni ningún servidor público de cualquier nivel de gobierno puede estar al margen de la ley”.
Es conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise las disposiciones y normas aprobadas recientemente en los congresos de esos estados, que el Gobierno de la República considera pondrían en riesgo el recién aprobado Sistema Nacional Anticorrupción y para “que no haya cabida a leyes locales a modo”.
Señaló que las leyes aprobadas en estas entidades «se oponen a los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción», por lo que se tomó la decisión de la acción de inconstitucionalidad.
Por su parte, el Salvador Sandoval Silva, subprocurador de la PGR, dijo que para tener un sistema que combata la corrupción se necesita homogeneidad tanto a nivel federal como local, sin embargo, hay dos leyes que todavía no se promulgan y no han entrado en vigor: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Además, la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción de mayo de 2015 previó cuestiones fundamentales: que los estados deben esperar a la expedición de las leyes generales, a efecto de que sus sistemas locales anticorrupción se ajusten al sistema nacional.
Por lo tanto, todos los nombramientos de fiscales, magistrados, peritos y policías que hubieran hecho los Congresos de Quintana Roo y Veracruz serían, si así lo determina la SCJN, inconstitucionales.
