Durante la administración de Felipe Calderón, el número de testigos protegidos que trabajan para la Procuraduría General de la República (PGR) se triplicó, pues de los 80 que había en 2006 en este 2010 se pasó a 267, publicó Excélsior.

De acuerdo con su "labor", los informantes reciben un pago, una casa, comida, protección y una reducción de condenas. Según datos de la dependencia, el 97 por ciento pertenecían a las bandas de la delincuencia organizada.

Además, eran delincuentes calificados de alta peligrosidad, líderes de cárteles del narcotráfico o multihomicidas, quienes a cambio de mejorar sus situación jurídica y recibir beneficios se convierten en trabajadores del gobierno.

El tres por ciento restante son agentes investigadores o policías federales, estatales o municipales, quienes trabajan infiltrados y cuya orden es la de investigar algún ilícito dentro de las organizaciones criminales sin que éstas conozcan su origen.

Los "espías" pueden cometer ilícitos con el fin de obtener información que sirva a las autoridades para detener a líderes o impedir actos delincuenciales. Por su actividad, se les perdona todo acto ilegal, pues forma parte de su poder de infiltración. Normalmente, por su labor, son bien remunerados y casi todos se van al extranjero.

Al ser atrapados por la fuerzas armadas o policiacas, los infiltrados tienen que ser reconocidos por la SIEDO. Tras corroborar que trabajan para el gobierno, se les da de baja de los órganos de inteligencia y son enviados al extranjero con una pensión de por vida.

En cuanto a los beneficios para los testigos protegidos provenientes de la delincuencia organizada, varían de acuerdo al nivel que ocupa en su grupo, el acceso a la información que tenga, el conocimiento sobre otros grupos y su disponibilidad para revelar datos que lleven a la captura de otros delincuentes.

La paga es entre 30 mil y 70 mil pesos mensuales, además de casa, comida, protección para ellos y su familia, y una reducción respecto de las acusaciones penales.