Veracruz está sumergido en una crisis de impunidad que va desde las desapariciones en Tierra Blanca y Papantla, pasando por la banda de «Los Porkys», señalados por violar a más de una joven, hasta los funcionarios del gobierno de Javier Duarte investigados por la Auditoría Superior de la Federación por el desvío de 35 mil millones de pesos de recursos públicos
En la última colaboración de Mientras tanto en México para Publimetro, se hace un recuento del caso más reciente en el que la ley no ha actuado de forma correcta dentro del estado: una banda de cuatro «juniors» protegidos por altos empresarios y hasta funcionarios veracruzanos que siguen en libertad pese a haber violado a una joven de 16 años.
«Los Porkys» están vinculados a la violación de otras chicas, así como con la muerte de una de ellas y la de un hombre en una fiesta de 15 años.
Aunque el más reciente caso, el de Daphne, ha tenido impacto mediático gracias a la movilización de su padre, el Fiscal General del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, rechazó que se actúe de manera omisa en la denuncia de la presunta violación, pero que la grabación en la que le piden disculpa a la víctima no puede ser tomada legalmente como una confesión.
Por esta razón y la supuesta protección del autoridades locales, Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso siguen en libertad.
Desapariciones a manos de policías
A este caso se suman las desapariciones en Tierra Blanca y Papantla, en la que la principal línea de investigación señala a elementos de seguridad municipal como los responsables.
En ambos casos los jóvenes, de los que hoy se desconoce su paradero, fueron detenidos por policías locales para presuntamente entregarlos a grupos del crimen organizado.
Pese a que ha habido detenciones al interior de las corporaciones policiacas, hasta el momentos no hay rastro ni información sobre dónde se encuentran los jóvenes.
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¿ Y la libertad de expresión?
Dicha entidad de ha convertido en el lugar más peligroso del país para ejercer el periodismo y donde el asesinato de la reportera Anabel Flores en febrero pasado volvió a poner el dedo en la llaga sobre los crímenes cometidos durante la administración de Duarte.
La organización Artículo 19 reveló el mismo mes un informe en el que detalla como el contexto generalizado de desapariciones en México impacta significativamente el ejercicio de la libertad de expresión sumando a 23 periodistas que permanecen desaparecidos.
El documento expone cómo este delito contra periodistas exhibe la falta de voluntad para atender estas violaciones graves a derechos humanos.
La organización hace una particular mención del caso del periodista Moíses Sánchez, también residente en Veracruz, quien primero fue secuestrado y después asesinado.
En este contexto, dicha entidad es suma un total de 15 periodistas muertos, presuntamente por el ejercicio de su profesión, tan sólo en la administración de Javier Duarte.
«De 2003 a 2015, en promedio han desaparecido dos periodistas por año. Michoacán, Tamaulipas y Veracruz son las entidades donde se concentra la mayor parte del registro, con cuatro casos, en cada una», especifica el reporte.
El informe también señala que hay un patrón donde en 96% de los casos se identifica como antecedente la cobertura informativa relacionada con temas de corrupción y de seguridad, en ese sentido, cabe recordar que Flores Salazar cubría la fuente policiaca.
Por otra parte, aunque el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa se perpetró en la colonia Narvarte en la Ciudad de México, tanto él como la activista Nadia Vera huyeron de Veracruz tras recibir amenazas e incluso responsabilizaron al gobernador en caso de que les pasara algo.
Sin embargo, las líneas de investigación se han centrado en la posible relación de Mile Virginia Martin, otras de las víctimas, con narcotraficantes y no en el trabajo de Espinosa y Vera.
