Alejandra Barrales (Diputada local del PRD)

Los aumentos de tarifas en servicios, así como de productos de la canasta básica tienen una desproporción si se toma en cuenta el incremento salarial. En este caso nos referimos a las tarifas de taxis, pero también está el desliza­­miento mensual del costo de la gasolina o el cambio de la compañía que se encarga de prestar el servicio eléctrico y el alza al precio de la tortilla.

El salario mínimo en todo el país está por debajo de los 60 pesos. En la zona A es de 59.82; en la zona B alcanza 58.13 y en la denominada zona C pagan 56.70 pesos. Estos ingresos equivalen a una cuarta parte de lo que representaban hace tres décadas; estamos frente a una verdadera pauperización de los trabajadores.

De acuerdo a un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la última década el precio de la tortilla se incrementó 400%, mientras que en ese mismo periodo el salario mínimo disminuyó 30%. Este ejemplo lo pongo porque es el principal alimento de los mexicanos y su compra tiene un impacto negativo en la economía familiar.

Quiero hacer esta diferencia, porque los precios y tarifas que puede controlar el Estado para apoyar a la población, los ha dejado sujetos a las presiones del mercado. En el caso del precio de la tortilla, carga el costo el campesino y el consumidor; el aumento a la gasolina provoca una espiral inflacionaria en productos; el cobro disparado en las tarifas de la luz es motivo de angustia en las familias.

A nuestro país le urge una política económica con verdadero sentido social; de lo contrario, se ampliarán las dife­rencias entre los que tienen poco y los que tienen todo. Necesitamos sensibilidad para cambiar las cosas.

Alicia Tellez (PRI)

Al fijar el nuevo salario mínimo (4.2%) por encima de la inflación (3.8%) el Ejecutivo pretende seguir engañando a la población, ya que este aumento no alcanza para pagar ni siquiera un boleto del Metro. La obsesión del presidente por tener como prioridad la macroeconomía, aun a costa del estancamiento del país, no puede aguantar más tiempo.

El salario mínimo le sirve al Gobierno como un dique de contención con la inflación, aunque está completamente fuera de la realidad. No co­mo declaró el ex secretario de Ha- cien­da, Ernesto Cordero, que con seis mil pesos se cubren las necesidades de una familia.

La Ley Federal del Trabajo, en su título tercero, capítulo IV, artículo 85, señala que el salario debe ser remunerador. Asimismo, en el artículo 90 se indica que deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural.

Tal incremento es una decisión grotesca por parte de la CNSM para una población de trabajadores que viven con un salario mínimo, estimada en 2 millones 700 mil personas. El aumento al salario mínimo históricamente ha sido marginal en los últimos 12 años, apenas ha alcanzado los 22 pesos.

Sumado a lo anterior, insistimos en que el aumento es sólo un “mejoral” a la problemática de fondo, ya que el alza a la gasolina de cada mes complica la economía de las familias: va mas allá de lo que se pretende subir al salario mínimo. Al aumentar la gasolina sube la canasta básica. Este incremento y más cuando se utiliza como fuente básica de la prestación de un servicio como la gasolina en los taxis, es cuan­­do aumentan las tarifas de taxis en este año, el cual, por cierto, fue autorizado por el GDF ante su incapacidad de aplicar la ley y bajo la amenaza del caos vial, que para las autoridades debe ser peligroso en esta época electoral; y ante su incapacidad de fomentar el empleo y la inversión.

Mariana Gómez del Campo (PAN)

En enero pasado los taxis tuvieron un incremento de 10% y ahora de 12% adicional, bajo el argumento del alza a las gasolinas, cuando ésta ha sido, en promedio, de 7.85%.

La situación para muchas familias es insostenible cuando enfrentan fuertes incrementos en el impuesto predial, del que conocemos alzas de hasta 450% y en las tarifas del agua, hasta 1000%. Por otro lado, hemos documentado la existencia de “multas fantasma” que son infracciones de tránsito que no se cometieron. Esto deja muy claro que la política tributaria de la ciudad tiene como prioridad cobrar más a quienes ya pagamos impuestos, en lugar de buscar que contribuyan quienes no lo hacen o evaden sus obligaciones.

Los diputados del PAN insistimos en impulsar la eliminación de la tenencia, porque ya no tiene razón de existir (se creó hace 43 años para pagar los Juegos Olímpicos). Si hacemos cuentas, podemos decir que fueron “las Olimpiadas más caras de la historia”, a costa de nuestra calidad de vida. Desaparecerla va a implicar que en nuestros hogares se queden los beneficios de ahorrar cinco mil 610 millones de pesos al año.

Hay que hablar con claridad: el bolsillo de los capitalinos está cada vez más asfixiado mientras que “los cochinitos o guardaditos electorales” van en crecimiento, mientras que las calles tienen los mismos baches cada temporada de lluvias o mientras siguen sin funcionar las mismas luminarias desde hace años.

Los capitalinos necesitamos un Gobierno aliado, que escuche y que sea sensible. Para el PAN es una prioridad que los recursos de la ciudad –que son suficientes– se gasten bien, por eso seguiremos fortaleciendo la transparencia y promoviendo la creatividad en el gasto, en lugar de buscar “clavar el diente” a los contribuyentes. Espero tus comentarios a través de la cuenta en Twitter @marianagc. Te escucho y actúo.