La historia de un inmigrante indocumentado asesinado en Tamaulipas, estaba contada desde junio del año pasado.

Estados Unidos una forma de vivir mejor. Para quienes cruzan México rumbo a tierras norteamericanas en busca de sobrevivencia económica, antes tienen que pasar la prueba de no morir en el intento. Setenta y dos latinoamericanos, esta semana, no lo lograron.

Un migrante guatemalteco menor de edad que caminaba junto con otros 10 por las vías del tren en Orizaba, Veracruz, contó el año pasado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando fueron secuestrados por un grupo armado. “Estuvimos tres días secuestrados”, dijo el centroamericano, por quien exigían 500 dólares. “Nos golpearon parejo a todos, nos quemaron con cigarros, nos dieron patadas”.

Les dijeron que pertenecían a Los Zetas, escuchaban sus corridos y veían los videos donde se apreciaba el momento en que mataban a un “coyote” con una piedra. Otro menor hondureño, raptado en Bocas, San Luis Potosí, describió cuando ocho personas se bajaron de camionetas negras con placas de Tamaulipas y lo secuestraron a él y a otros cuatro más junto a las vías del tren. Los llevaron a una casa de seguridad, donde los insultaron, amenazaron y vejaron. A un salvadoreño cuya familia no pudo pagar el rescate, lo mataron enfrente de ellos.

“No denuncié el secuestro porque vi a la policía involucrada, policías con camisa blanca y pantalón que llegaron a ir como cuatro o cinco veces; los policías también bebían e inhalaban coca”, aceptó a los funcionarios de la CNDH. “Nos obligaron a consumir drogas y nos hicieron que los dos violáramos a la mujer en su presencia”.

Las historias abundan. La salvadoreña a quien le dispararon dos veces en la cabeza y dejaron desan-grando durante tres horas, para que una compatriota se diera cuenta de que la exigencia del rescate era real. El hondureño que fue tirado en una casa de seguridad donde había 140 personas más por quienes pedían mil 200 dólares por cabeza. Aquella a quien para presionar el rescate obligaron a presenciar una violación y mostrarle lo que le iba a pasar si no pagaban por ella su liberación.

En efecto, la matanza de 72 latinoamericanos en Tamaulipas, presuntamente por un grupo de sicarios de Los Zetas, tenía la alerta desde hace tiempo que anunciaba su ejecución. Faltaba saber el momento, pero quienes investigaron el tráfico humano en la CNDH desde 2006, cuando se tomó sistemáticamente ese trabajo, no tenían duda alguna de qué sucedería. El año pasado el entonces quinto visitador de la CNDH, Mauricio Farah, dibujó el escenario tras una investigación de seis meses sobre 198 casos de secuestro de migrantes. Durante ese periodo hubo más de mil 600 raptados cada mes y un acto delictivo cada día. Se pedían rescates en un rango de mil 500 a cinco mil dólares, cuya ganancia al final del periodo de estudio ascendía a 25 millones de dólares.

Todos ellos provenían de nueve naciones, en orden de volumen de secuestrados, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Brasil, Chile, Costa Rica y Perú. El 55% fue raptado en el sur del país, y casi 12%, en el Norte. Del 32% de los casos nunca pudieron establecer el lugar del secuestro, porque es frecuente que los migrantes sean movidos de una entidad a otra, hacinados en vehículos de carga. Participaron redes de delincuentes bien organizadas en la mayoría de los casos y en la minoría fueron ellas con policías estatales y municipales.

El informe de 50 páginas de la CNDH no incorporó algunos detalles de la cadena de corrupción entre policías y delincuentes, respaldados por agentes de migración y, en ciertos casos, por militares. Cada uno de los secuestrados entró a México por Chiapas, donde existe una frontera casi abierta con Centroamérica, y tomaron el tren hacia Tabasco y luego Veracruz. Un número de ellos quedaron privados de su libertad ahí mismo. Los menos recibieron salvoconductos de policías para que en caso de que fueran detenidos por agentes en su recorrido hacia Estados Unidos, proporcionaran el nombre clave que les dieron y los dejaban seguir su camino. Farah recuerda testimonios de inmigrantes que coinciden en que en varias ocasiones pasaban retenes militares sin ser detenidos.

A la mayoría de los secuestrados los retuvieron en bodegas, como los 72 de Tamaulipas, aunque también en patios al aire libre y hoteles. Algunos centros de deten-ción de migrantes, donde llegaban a estar más de 100, se ubicaban a menos de 300 metros de las oficinas de Migración. Vivieron hacinados, sin alimentos, perma-nentemente -nueve de cada 10- amenazados de muerte, apaleados y pateados.

“Entre otras agresiones, los amarraban de pies y brazos, los amordazaban, les tapaban los ojos, los drogaban o los quemaban en alguna parte del cuerpo”, encontró la CNDH. “Treinta y siete migrantes relataron expresamente haberse percatado de manera directa de cómo los secuestradores violaron a mujeres, así como que hirieron y hasta mataron a otros secuestrados, tanto con armas de fuego como a golpes”.

El tráfico humano se extiende por 10 estados, y en la red institucional de corrupción, encontró la CNDH, hay autoridades de todos los niveles. El resultado de la investigación fueron 11 recomendaciones al Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Instituto Nacional de Migración, un libro sobre el secuestro de migrantes y un documento al Senado para reformar las leyes migratorias que tienen más de 30 años. Todos dijeron que atenderían el problema, pero en todo este tiempo no hicieron nada. Llegó Tamaulipas y sus 72 muertos con la desgracia al descubierto y el azoro mundial. Las autoridades federales declararon no ser responsables una vez más. Las estatales y municipales, como siempre, guardaron silencio.