En México, el debate sobre los alojamientos temporales se ha intensificado. Tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, este modelo de hospedaje —como Airbnb— ha sido señalado por algunos sectores como un factor en el aumento de precios de la vivienda. Asimismo, el verano pasado se registraron manifestaciones en la capital donde participantes, expresando su preocupación por los efectos de la gentrificación, un fenómeno complejo y multifacético, llegaron a reclamar la restricción o incluso la eliminación de estas plataformas de alojamiento.
Sin embargo, la evidencia indica que esta visión simplifica un problema mucho más complejo, cuyo origen se remonta a años antes de que estas plataformas se hicieran populares. La incidencia real de los alojamientos temporales en el precio de la vivienda es mínima; las causas estructurales, como la falta de vivienda asequible y el alto número de inmuebles deshabitados, son los factores que realmente determinan los precios.
En Guadalajara, un estudio de Alternativa Consultores revela que los alojamientos temporales representan apenas el 0.4% del parque habitacional del Área Metropolitana, es decir, alrededor de 4,700 unidades. En contraste, existen más de 208,000 viviendas deshabitadas, equivalentes al 13.5% del total. El verdadero desafío radica en la caída sostenida de la construcción de vivienda asequible, la baja densificación en zonas centrales y políticas urbanas desactualizadas. A pesar de ello, la narrativa pública a menudo enfatiza el papel de los alojamientos temporales, mientras el Congreso analiza una iniciativa para su regulación. La semana pasada, se realizó un foro sobre estas plataformas donde diputados y autoridades locales se mostraron a favor de generar una regulación basada en evidencia que no restrinja, sino fortalezca la formalidad de la actividad.
La Ciudad de México presenta un escenario similar. De las tres millones de viviendas existentes, solo 17,000 son alojamientos temporales completos (0.57%). Mientras tanto, hay más de 207,000 viviendas deshabitadas, equivalentes al 7% del total. La construcción de vivienda social y económica es prácticamente inexistente, ya que las constructoras se han enfocado en residencias de alta gama, impagables para la mayoría de la población. La restricción aprobada en la CDMX en 2024, que limita a la mitad las noches de operación de estos alojamientos, aún no se aplica, pero ya preocupa a los anfitriones quienes han optado por ampararse. A la fecha, de acuerdo con la organización Todos Somos Anfitriones, los tribunales han admitido más de 700 amparos.
La experiencia internacional ofrece una visión al futuro: ciudades como Nueva York o Barcelona implementaron límites estrictos sobre alojamientos temporales con el objetivo de incidir en los precios de la vivienda. Sin embargo, los resultados muestran que estas medidas no han bajado los precios de la vivienda, pero sí han generado efectos adversos, como el encarecimiento del hospedaje tradicional o la migración de los alojamientos temporales al mercado informal, resultando en la pérdida de miles de millones en ingresos.
Por otro lado, no se puede ignorar el impacto económico de este sector. Las plataformas de alojamientos temporales han surgido como una herramienta que permite dispersar el turismo, llevando visitantes a zonas fuera de las rutas tradicionales y fomentando experiencias locales auténticas. Esta actividad también impulsa la economía local: familias y pequeñas empresas reciben ingresos directos que, de otra manera, no obtendrían. Algunos análisis sugieren que, en comparación con hospedarse en hoteles de grandes cadenas internacionales, los alojamientos temporales pueden generar una derrama económica más directa en las comunidades locales.
Además, analistas señalan que las restricciones a los alojamientos temporales podrían ser contraproducentes a iniciativas nacionales como el “Pacto Legislativo por el Turismo Nacional”, que busca incentivar el turismo doméstico y hacerlo más accesible. Hoy, siete de cada diez reservas a través de plataformas digitales ya son realizadas por mexicanos, lo que refleja que no solo los visitantes extranjeros, sino las familias nacionales encuentran en este modelo una opción flexible y asequible para viajar. Limitar esta opción, argumentan, podría encarecer los costos de hospedaje y reducir las alternativas frente a la hotelería tradicional, lo cual terminaría afectando directamente al turismo nacional que se pretende fortalecer.
A modo de conclusión, el debate parece dirigirse hacia una encrucijada regulatoria. Considerando que México se ha posicionado como el sexto país más visitado del mundo, y busca ganarse la quinta posición, el reto para los legisladores y la sociedad es encontrar un equilibrio: cómo diseñar políticas públicas que aborden las causas estructurales de la vivienda sin frenar un segmento turístico que, según los datos, muestra un impacto marginal en el mercado inmobiliario pero un aporte significativo en la diversificación y el desarrollo económico local.