Un nuevo escándalo sacude el futbol español, al darse a conocer la presunta participación de un jugador de la primera división en una trama de apuestas ilegales.
La Policía Nacional ha hallado mensajes en el teléfono móvil del futbolista Kike Salas del Sevilla FC que apuntan a que forzó tarjetas amarillas en partidos de La Liga durante la temporada 2023/2024 con el fin de ganar apuestas, en connivencia con un grupo de amigos.
La investigación, que se encuentra en curso, provocó una ola de preocupación sobre la integridad de la competición.
Kike Salas fue detenido el pasado mes de enero, junto a dos amigos, en el marco de una investigación dirigida por un juzgado de Morón de la Frontera. Las investigaciones, a cargo del Centro Nacional Policial para la Integridad en el Deporte y las Apuestas (Cenpida) de la Policía Nacional, revelaron pruebas contundentes.
Fuentes de la investigación indicaron que el defensa del cuadro sevillista habría avisado a sus cómplices sobre sus intenciones de forzar amonestaciones en al menos cinco encuentros de Primera División en el tramo final de la temporada pasada.
Los mensajes encontrados en el dispositivo de Salas sugieren una coordinación para el beneficio económico; se descubrió que el jugador utilizó cuentas falsas y realizó transferencias a sus amigos para que estos hicieran los ingresos en los operadores de apuestas.
Las ganancias obtenidas por su entorno, en un solo encuentro, superaron los mil 300 euros, y se estima que sus amigos se embolsaron alrededor de nueve mil euros a causa de estas tarjetas amarillas forzadas.
Las apuestas se habrían realizado apenas segundos después de que el futbolista y una persona de su círculo hablaran por teléfono, lo que refuerza las sospechas.
El Sevilla, por su parte, emitió un comunicado en el que condena cualquier conducta fraudulenta en el deporte y confía en la presunción de inocencia del jugador hasta que el proceso judicial concluya; sin embargo, las implicaciones para Kike Salas podrían ser severas.
La normativa contempla sanciones deportivas que van desde la suspensión o privación de licencia por un periodo de dos a cinco años, e incluso la privación definitiva en casos de infracciones muy graves.
