Julio César Chávez Jr., boxeador mexicano e hijo del legendario campeón Julio César Chávez, fue vinculado a proceso por un juez federal en Hermosillo, Sonora, bajo los cargos de delincuencia organizada y tráfico de armas, por presuntos vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.
El proceso judicial surge después de que Chávez Jr. fuera arrestado el 2 de julio en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las autoridades estadounidenses lo consideraron una amenaza a la seguridad pública y determinaron que no contaba con autorización legal para residir en el país. Posteriormente, fue deportado el 18 de agosto de 2025 por la garita Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora, y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11, en Hermosillo.
Pruebas y señalamientos por parte de la FGR
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que incluyen escuchas telefónicas y testimonios que vinculan al exboxeador con Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa. Entre las evidencias también se encuentra una bata de boxeo de Chávez Jr. hallada en una propiedad perteneciente a El Nini.
La FGR también expuso informes de la DEA que identifican a Chávez Jr. como objeto de investigación desde 2019, y señaló que él mismo reconoció tener una relación cercana con Ovidio Guzmán López, integrante de Los Chapitos.
La audiencia fue encabezada por el juez Enrique Miranda, quien la condujo por videoconferencia por motivos de seguridad, debido a la fuerte presencia del cártel en la región. El juez dictó prisión preventiva justificada, y aún se analiza si Chávez Jr. permanecerá en el Cefereso 11 o será trasladado a otro penal federal.
Defensa y situación legal en desarrollo
La defensa legal de Chávez Jr., conformada por tres abogados, cuestionó la validez de algunas de las pruebas presentadas, especialmente los informes de la DEA, argumentando que “carecen de efectos jurídicos en México”. También se dio a conocer que el exboxeador promovió un amparo para garantizar su derecho a comunicación, tras denunciar haber sido incomunicado tras su detención.
Algunas fuentes sugieren que Chávez Jr. podría llevar su proceso en libertad, y se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Sin embargo, esta posibilidad no ha sido confirmada de manera oficial.
Cabe destacar que desde marzo de 2023 existía una orden de aprehensión vigente en México contra Chávez Jr. por estos delitos. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Además, su caso está vinculado a una indagatoria paralela de la DEA en territorio estadounidense