Se confirmó que un juez de control de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión contra Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, y su representante legal, Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, por el presunto delito de desobediencia de particulares agravado.
La acción legal se derivó del incumplimiento de ambos en presentarse a audiencias judiciales relacionadas con un litigio sobre derechos de transmisión de partidos que se encontraban en disputa con Fox Sports.
Según el juez, la omisión de comparecer en dos ocasiones los declaró sustraídos de la acción de la justicia, ordenando su detención para ser trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte una vez sean localizados.
El proceso judicial tiene su origen en una resolución que exigía al Club Pachuca abstenerse de transmitir partidos involucrados en el conflicto de derechos televisivos.
La falta de cumplimiento motivó la intervención judicial, en un caso que resalta la importancia de respetar las decisiones de la autoridad y los contratos deportivos.
Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de Martínez Patiño ni de su representante, la noticia generó repercusiones inmediatas en medios y entre aficionados, dada la relevancia de Martínez Patiño como directivo de Club Pachuca.
Fuentes cercanas indican que las operaciones de los clubes continúan con normalidad mientras se resuelve la situación legal.
Jesus Martinez de Pachuca durante el partido Pachuca vs Puebla, Correspondiente a la Jornada 01 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 09 de Enero de 2023. (Ulises Naranjo/Ulises Naranjo)
Especialistas en derecho deportivo señalan que la orden de aprehensión pone de relieve la intersección entre el deporte y la ley, especialmente en temas de derechos de transmisión y obligaciones contractuales. La medida también genera incertidumbre entre patrocinadores y plataformas de transmisión que dependen de los derechos de los partidos.
El procedimiento judicial seguirá su curso conforme a la ley, garantizando que se respeten los derechos de todas las partes involucradas. La ejecución de la orden será determinante para clarificar responsabilidades y marcar un precedente en la relación entre directivos, medios y justicia.