El Tribunal Supremo de España puso punto final a uno de los episodios más polémicos en la historia reciente del mercado de fichajes al confirmar la absolución de Neymar y de los exdirectivos del FC Barcelona, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.
La resolución fue contundente: no existieron delitos de corrupción ni estafa en la operación realizada en 2013, descartando así cualquier responsabilidad penal en el controvertido traspaso.
¿Por qué surgió la denuncia?
El origen del caso se remonta a la denuncia interpuesta por el fondo de inversión brasileño DIS, que poseía el 40% de los derechos económicos del jugador cuando militaba en el Santos FC.
La empresa alegó que la entidad catalana ocultó el costo real de la transferencia mediante contratos paralelos, reduciendo así la cantidad que debía percibir. Según su versión, existió un entramado financiero diseñado para minimizar su participación en la operación.
Sin embargo, el punto clave del fallo del Supremo radicó en la naturaleza de esos derechos. El tribunal determinó que DIS únicamente poseía derechos económicos, pero no los federativos, que son los que permiten negociar directamente un traspaso.
Bajo este argumento, los magistrados concluyeron que la compañía no tenía capacidad jurídica para influir en la operación ni reclamar condiciones adicionales, desmontando así la base de la acusación.
En cuanto a la legalidad del movimiento, la justicia española fue clara: en el ámbito penal no se cometió ningún ilícito. Aunque en su momento el club aceptó una sanción fiscal de 5.5 millones de euros por irregularidades tributarias, ese procedimiento fue independiente y no implicó delitos de corrupción.
Incluso el pago cercano a 40 millones de euros adelantado al delantero fue considerado válido, al tratarse de un acuerdo privado para asegurar su llegada.
Con esta resolución definitiva, el máximo órgano judicial cierra el llamado “Caso Neymar 2” y establece que el fichaje fue una operación legítima dentro de las prácticas del futbol profesional.
La decisión no solo absuelve a los implicados, sino que también marca un precedente sobre la interpretación de los derechos económicos en transferencias internacionales, poniendo fin a años de incertidumbre y controversia en torno a uno de los movimientos más mediáticos del balompié mundial.