Un restaurante ubicado en la Comuna 13, en Medellín, denunció públicamente haber sido víctima de una presunta estafa luego de brindar servicio de alimentación a un equipo de futbol mexicano durante tres días consecutivos.
El caso ha comenzado a circular en redes sociales y ha generado indignación entre usuarios y comerciantes locales.
De acuerdo con la versión difundida, el establecimiento habría preparado y entregado decenas de almuerzos como parte de un supuesto contrato con un conjunto deportivo, sin recibir posteriormente el pago acordado.
El servicio de almuerzos y los traslados
Según la denuncia, el restaurante no solo preparó los alimentos, sino que también realizó entregas fuera de su ubicación habitual. Se afirma que los almuerzos fueron transportados en taxi hacia distintos puntos, entre ellos zonas como Cosdecol Unión Cristiano y El Poblado.
Este detalle ha llamado la atención, ya que implicó un esfuerzo logístico adicional para el negocio, que habría confiado en la seriedad del acuerdo para cumplir con las entregas durante los tres días solicitados.
La versión difundida en redes sociales
En una publicación que se ha compartido ampliamente, se señala directamente al equipo identificado como FC Dragonez como el presunto responsable del incumplimiento del pago.
En el mensaje, el restaurante o personas cercanas al caso aseguran que, aunque supuestamente se habría cubierto el costo del servicio por parte de intermediarios o representantes, el dinero nunca llegó al establecimiento afectado.
En el mismo texto se mencionan nombres de presuntos involucrados, como Ameth Castrillón y Edison Ríos, a quienes se les atribuye responsabilidad dentro de la situación. Sin embargo, hasta el momento no existe una versión oficial verificada por autoridades o por el equipo señalado.
FC Dragonez ha sido mencionado en redes sociales dentro de esta denuncia, aunque no hay confirmación pública independiente sobre los hechos.
Por ahora, el hecho permanece como una denuncia en redes sociales, sin una postura oficial de las partes involucradas ni confirmación por parte de autoridades locales. El caso continúa generando conversación en torno a la protección de pequeños negocios frente a posibles fraudes en servicios contratados de manera informal.