La organización del próximo Mundial de Futbol ha sido sacudida por una noticia que pone en duda la transparencia de su proceso comercial. Las fiscalías estatales de Nueva York y Nueva Jersey anunciaron este miércoles la apertura de una investigación formal contra la FIFA debido a sus polémicas prácticas en la venta de boletos para el torneo de 2026, informó Metro World News.
El foco de las autoridades se centra específicamente en los ocho encuentros programados para celebrarse en el MetLife Stadium, un recinto clave que albergará, entre otros juegos, la gran Final del mundo el 19 de julio de 2026.
Según el comunicado conjunto emitido por las autoridades, la investigación surgió en respuesta a múltiples reportes y quejas de aficionados que aseguraron haber sido “engañados” respecto a la ubicación de los asientos que adquirieron. Las fiscalías, que cuentan con el apoyo de investigadores del Departamento de Protección al Consumidor y Trabajador de la ciudad, están recopilando denuncias sobre cambios arbitrarios en las categorías de las gradas.
Se presume que la FIFA modificó la división del estadio una vez que la venta ya estaba en marcha con el único fin de crear zonas nuevas más “deseables” y costosas. Como consecuencia, los fans que compraron entradas anticipadamente habrían sido excluidos de sus asientos originales para ser reubicados en lugares de menor calidad.
Otro punto crítico bajo la lupa es el precio de los boletos, los cuales han alcanzado cifras que superan los registros de cualquier Copa Mundial previa. De acuerdo con un portal especializado en la venta de entradas, el costo medio para los partidos en el MetLife Stadium se sitúa actualmente en unos impactantes 2 mil 790 dólares.
La investigación examinará el uso de un método de precio variable diseñado para ajustarse a la demanda, así como el calendario de lanzamiento de entradas en fases, para determinar si estas conductas impactaron negativamente en el bolsillo de los consumidores.
La fiscal de Nueva York, Letitia James, y su homóloga de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, han calificado estas acciones como una forma de “manipulación” y “explotación” hacia los residentes y visitantes, reafirmando su compromiso de proteger a los consumidores frente a las prácticas abusivas del organismo.