La situación en torno a la interpretación de narcocorridos en conciertos ha escalado considerablemente. La petición del gobierno federal de limitar este tipo de presentaciones surgió luego de que la agrupación sinaloense Los Alegres del Barranco fuera señalada por hacer apología del delito durante un show.
La controversia comenzó el 29 de marzo de 2025, durante un concierto en el Auditorio Telmex de Zapopan, donde la banda interpretó la canción “El del Palenque” mientras proyectaban imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A raíz del escándalo, varios artistas del regional mexicano han optado por no interpretar sus narcocorridos más conocidos, lo que ha generado reacciones divididas entre el público. Un ejemplo de ello fue el concierto de Luis R. Conriquez en Texcoco, que terminó en disturbios debido a la molestia de los asistentes cuando el cantante se negó a cantar temas del género.
Tras el incidente, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no busca censurar los narcocorridos, sino promover una concientización sobre el contenido de sus letras, dada la violencia que se vive en el país desde hace décadas. Sin embargo, en ese momento aún no estaba claro si Los Alegres del Barranco enfrentarían consecuencias legales.
Los Alegres del Barranco son imputados
Este 6 de mayo, los integrantes de la banda comparecieron ante el Juzgado 16 de Puente Grande, donde fueron formalmente imputados. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que en la entidad se vetará a artistas que promuevan la criminalidad en sus espectáculos. A nivel federal, la presidenta Sheinbaum también lanzó duras críticas contra estos contenidos.
En respuesta a la polémica, el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de trabajo y turismo de los integrantes de Los Alegres del Barranco, señalando que no permitirán la entrada al país de artistas que ensalcen a criminales a través de su música.
Los implicados se ampararon, por lo que la audiencia se reanudará el lunes 12 de mayo. Sin embargo, el juez dictó medidas cautelares que les impiden salir del estado de Jalisco, además de que deberán exhibir una garantía económica de 1 millón 800 mil pesos para continuar el proceso en libertad.
