Valeria Márquez fue asesinada el día de ayer alrededor de las 18:30 horas, mientras realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok, donde cientos de personas la observaban en tiempo real.
Tras escucharse las detonaciones de arma de fuego, la grabación fue finalizada por una mujer que aparentemente se encontraba en la estética con Valeria. Su actitud tranquila en los segundos finales del video ha generado múltiples especulaciones entre los usuarios que han visualizado el clip.
Las autoridades de Zapopan, Jalisco, ya investigan el incidente y han confirmado que se ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer el crimen y dar con los responsables del asesinato, que ha quedado documentado en video y viralizado en redes sociales.
El momento exacto del asesinato ha sido replicado en plataformas digitales, lo que ha provocado un debate público. Muchos internautas han condenado la forma en que se ha difundido el material, calificándolo como un acto de insensibilidad y una revictimización de la joven de 23 años.
¿El caso de Valeria Márquez podría estar amparado por la Ley Ingrid?
Ante la masiva difusión del video del feminicidio, ha surgido un debate sobre si este caso podría estar vinculado a la Ley Ingrid, una legislación que busca proteger la integridad de las víctimas de violencia al impedir la difusión de contenido gráfico relacionado con su muerte.
En la red social X (antes Twitter) se han compartido clips que muestran el momento exacto en el que Valeria Márquez recibe tres disparos, lo que ha llevado a que se cuestione si estas publicaciones violan los principios establecidos por dicha ley.
Aunque la Ley Ingrid está dirigida principalmente a sancionar la filtración de contenido por parte de servidores públicos, el caso de Valeria reabre el debate sobre la necesidad de regular la difusión de este tipo de materiales en redes sociales y otras plataformas digitales, donde el contenido se viraliza sin control.
¿Qué es la Ley Ingrid?
La Ley Ingrid fue propuesta por la Fiscal General Ernestina Godoy Ramos ante el Congreso de la Ciudad de México, tras el feminicidio de Ingrid Escamilla en febrero de 2020.
En ese entonces, imágenes del cuerpo de Ingrid fueron filtradas y difundidas en redes y medios, provocando indignación nacional e internacional. A raíz de este hecho, se promovió una reforma para castigar penalmente la filtración y difusión de imágenes, audios o documentos relacionados con víctimas de delitos, especialmente mujeres.
El objetivo central de la Ley Ingrid es proteger la dignidad, privacidad e intimidad de las víctimas, prevenir su revictimización y frenar la violencia mediática, que muchas veces las expone de forma innecesaria e irrespetuosa.
