Jessica Bustos demandó a los conductores del popular podcast La Cotorrisa, José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez, por supuesto acoso sexual, tras un incidente ocurrido durante una grabación en la que, según Bustos, los comediantes hicieron comentarios ofensivos y de índole sexual hacia ella.
La demanda alega que dichos comportamientos afectaron gravemente su bienestar emocional y psicológico a Jessica Bustos, esposa del influencer XuXo Dominguez. Este caso ha generado controversia en las redes sociales entre los seguidores y detractores de los creadores de contenido.
Jessica Bustos exige reparación simbólica a ‘La Cotorrisa’
Este martes 6 de enero se llevó a cabo la audiencia de ratificación de medidas de protección, a favor de Jessica Bustos.
En un proceso marcado por la atención pública, la abogada Scarlett Martínez (defensora de Bustos) aseguró que no habrá arreglos económicos ni acuerdos extrajudiciales, fuera de los juzgados. En entrevista con algunos medios entre los que Publimetro estuvo presente, dijo que el objetivo principal es alcanzar una reparación simbólica que siente un precedente para otras personas en situaciones similares, sin especificar en qué consistirá dicha reparación, en caso de ganar el caso.
Cuestionada por Publimetro acerca de la supuesta extorsión a los conductores de ‘La Cotorrisa’ para llegar a un acuerdo, la abogada aseguró que nunca han buscado a la contraparte.
“Mi representada, que es la única víctima dentro de la carpeta de investigación... no ha tenido acercamiento alguno jamás hacia ellos. No ha habido intento de negociaciones, nada, nada. Se desmiente todo eso”, declaró.
Grupo Feminista lanza consignas contra Ricardo Pérez y Slobotzky
Durante el encuentro que el abogado de Ricardo Pérez y Slobotzky tuvo con los medios para hablar del caso, un grupo de alrededor de 5 integrantes del ‘Colectivo Génesis’ lanzaron consignas e improperios en contra de los influencers.
El abogado de los influencers, Said Martínez Juárez, señaló que el primer dictamen pericial no encontró afectación a la dignidad ni daño psicoemocional en la denunciante. Sin embargo, tras una queja ante Derechos Humanos, la fiscalía presentó una nueva conclusión cambiando a la perito encargada.
Los abogados denunciaron que esto representa una “violación a derechos fundamentales” y un “efecto corruptor”, alegando presuntas amenazas para modificar el resultado original que inicialmente no beneficiaba a la supuesta víctima.