Mientras España permanece conmocionada por la peor tragedia ferroviaria de la última década tras el choque de dos trenes de alta velocidad en el sur del país, el nombre de Julio Iglesias continúa ocupando titulares a raíz de una denuncia presentada en su contra por presuntos delitos sexuales y trata de personas.
El artista español, de 82 años, solicitó formalmente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el archivo inmediato de las diligencias de investigación preprocesal, al considerar que la justicia española carece de jurisdicción para conocer los hechos denunciados.
La denuncia fue interpuesta el pasado 5 de enero por dos exempleadas del cantante, quienes aseguran haber sido víctimas de presuntas vejaciones, acoso sexual y abuso de poder en 2021. Según su versión, los hechos habrían ocurrido en propiedades del artista ubicadas en República Dominicana y Bahamas.
Una de las denunciantes relató a medios de comunicación supuestas penetraciones no consentidas, declaraciones que forman parte de una investigación periodística difundida por Univision y el medio español elDiario.es.
El argumento central de la defensa: falta de jurisdicción
En un escrito de 15 páginas remitido a la Fiscalía, el abogado del cantante, José Antonio Choclán, sostiene que los presuntos delitos deben ser investigados en el lugar donde supuestamente ocurrieron y que solo podrían ser perseguidos en España si existiera una imposibilidad real de hacerlo en esos países.
El letrado subraya que ninguna de las denunciantes es española ni reside habitualmente en España, y que Julio Iglesias tiene su residencia habitual en República Dominicana, lo que, a su juicio, excluye la competencia de los tribunales españoles.
El escrito es contundente al advertir que “no cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal”, ni que las denunciantes puedan elegir la jurisdicción que les resulte más favorable.
Choclán critica que la denuncia se haya presentado en España por razones estratégicas y mediáticas, afirmando que el impacto público del caso beneficia más a las denunciantes que una denuncia interpuesta en el lugar de los presuntos hechos.
Las organizaciones Women’s Link y Amnistía Internacional, que respaldan a las denunciantes, han señalado que la elección de España responde a que su legislación puede resultar más favorable para la investigación de delitos sexuales, especialmente cuando existen obstáculos para acceder a la justicia en otros países.
Este punto abre un debate jurídico sobre los límites de la jurisdicción internacional y el uso del derecho penal como herramienta para garantizar el acceso a la justicia en contextos transnacionales.
Daño reputacional y derecho a la defensa
La defensa de Julio Iglesias también denunció un grave perjuicio a su imagen pública, al asegurar que el cantante ha conocido los detalles de las acusaciones a través de los medios de comunicación, antes de tener acceso formal al contenido de la denuncia.
Por ello, el abogado solicitó poder personarse en la investigación para ejercer plenamente el derecho a la defensa, acceder a las diligencias y, en su caso, rebatir lo que califica como imputaciones falsas, además de frenar lo que considera una “campaña mediática agresiva”.
Mientras la Fiscalía analiza si España es competente para continuar con la investigación, el caso permanece en una fase preliminar, marcado por una fuerte exposición mediática y por un debate de fondo que trasciende al propio artista: cómo y dónde deben investigarse los delitos sexuales cuando involucran a figuras públicas y escenarios internacionales.