El panorama para los integrantes del extinto programa televisivo se torna jurídico tras la suspensión definitiva de su gira de reencuentro.
Yordi Rosado emitió un pronunciamiento oficial donde confirma que solicitó a sus abogados una revisión minuciosa del caso para determinar las responsabilidades correspondientes ante las irregularidades detectadas.
Mediante un comunicado dirigido a su audiencia, Rosado manifestó que no puede pasar por alto las declaraciones surgidas en los últimos días respecto al proyecto.
El conductor enfatizó su compromiso por esclarecer la situación a la brevedad, otorgando su total respaldo a sus compañeros afectados: “He pedido a mis abogados revisar minuciosamente el caso para esclarecer esta situación de la mejor manera posible”, señaló el comunicador, quien también expresó su pesar por la cancelación de un proyecto que generaba gran ilusión en el equipo.
Aunque la versión oficial difundida por Adal Ramones atribuye el fin del tour a un desgaste emocional y físico, versiones periodísticas apuntan a una ruptura interna irreversible.
Según reportes, Ramones organizó el reencuentro y contactó a empresarios en Guadalajara y Costa Rica para vender las fechas. Sin embargo, mientras Roxana Castellanos, Gaby Platas, Mauricio Castillo, Lalo España y el propio Yordi firmaron contratos legales, Adal presuntamente omitió estampar su firma en los documentos.
Esta omisión dejó al resto del elenco en una posición de vulnerabilidad legal frente a los empresarios, enfrentando posibles demandas por incumplimiento de contrato.
La controversia se agrava ante la noticia de que Ramones ya contaba con un compromiso previo para el programa “LOL” de Amazon, lo que habría motivado su negativa a formalizar su participación en la gira.
La falta de garantías, sumada al descubrimiento de que varios recintos ni siquiera estaban rentados para las presentaciones, forzó la cancelación total del tour.
Actualmente, las empresas responsables se encuentran en proceso de devolver el monto íntegro de los boletos a los compradores.
No obstante, el conflicto escala a los tribunales, pues los afectados perfilan acciones legales contra quien señalan como el responsable del colapso del proyecto.
La intervención del equipo legal de Rosado marca el inicio de una etapa de confrontación jurídica que busca deslindar responsabilidades por los compromisos incumplidos ante los inversionistas.