El uso de vehículos de emergencia para fines personales volvió al centro de la conversación pública tras la polémica protagonizada por la cantante Natalia Jiménez, quien recurrió a una ambulancia privada para trasladarse desde la Ciudad de México hacia Tlaxcala.
El caso, que fue documentado por la propia artista en redes sociales, generó críticas y cuestionamientos sobre los límites legales y éticos en el uso de este tipo de unidades, diseñadas exclusivamente para atender situaciones médicas urgentes.
¿Qué hizo Natalia Jiménez?
La noche del 14 de marzo, tras su participación en el festival Vive Latino, la cantante abordó una ambulancia que originalmente estaba destinada a emergencias dentro del evento. El vehículo circuló con sirenas y luces de emergencia activadas por vialidades principales como Circuito Interior, con el objetivo de llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde donde continuaría su traslado en helicóptero hacia Huamantla, Tlaxcala.
El hecho provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el uso de recursos de emergencia para fines personales, señalando posibles riesgos para quienes realmente requieren atención médica inmediata.
¿Qué dice la ley sobre el uso de ambulancias?
El Reglamento para Regular los Vehículos de Uso como Ambulancia en la Ciudad de México, publicado en 2022, establece que tanto ambulancias públicas como privadas solo pueden utilizar luces y sirenas cuando atienden una emergencia real o trasladan a un paciente en estado crítico. De acuerdo con el artículo 15.c, cualquier uso fuera de estas condiciones constituye una falta.
Además, el artículo 37 señala que circular con estos dispositivos activados sin justificación puede derivar en la remisión inmediata del vehículo al depósito vehicular. La normativa vigente también contempla consecuencias más severas. La NOM-034-SSA3-2013 limita el uso de ambulancias a la atención médica prehospitalaria, por lo que su uso indebido puede implicar sanciones legales.
Entre las penalizaciones se incluyen penas de prisión de seis meses a dos años, así como multas económicas que van de los 2 mil a los 9 mil pesos. Asimismo, las autoridades pueden aplicar medidas como la suspensión temporal o definitiva del servicio, revisión de licencias, sanciones administrativas y, en casos graves, la apertura de procesos penales.
Un punto clave dentro del marco legal es que las sanciones no recaen directamente sobre los usuarios o pasajeros, pues la legislación establece que la responsabilidad corresponde a la empresa operadora, al propietario del vehículo y al personal técnico que permite y ejecuta el uso indebido de la unidad.
Esto significa que, salvo que exista otro delito comprobable, las personas que solicitan o utilizan el servicio para fines personales no enfrentan sanciones directas.