La Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso local llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar una propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Privada del Estado, que busca establecer con claridad las causales para revocar la autorización a personas físicas o morales que brindan servicios de seguridad privada.
El objetivo de la iniciativa es brindar certeza jurídica tanto a las empresas como a la autoridad, y cerrar la puerta a prácticas irregulares dentro del sector, considerado auxiliar pero estratégico en las labores de vigilancia y protección en el estado.
De personal sin control de confianza a uso de armas ilegales
Durante la sesión, Gustavo Bravo, asesor del grupo parlamentario del PRI, explicó que la propuesta incluye causas específicas de revocación como:
- Acumular más de una suspensión de actividades.
- Incorporar personal sin haber aprobado el examen de control de confianza.
- Proveer información falsa durante el trámite o revisión de autorización.
- Negarse a inspecciones debidamente notificadas.
- Usar vehículos o uniformes con distintivos oficiales, simulando ser fuerzas públicas.
- Involucrarse en delitos como el uso de armas no autorizadas o de uso exclusivo del Ejército.
- Operar con recursos de procedencia ilícita.
- Que su personal participe en desapariciones forzadas.
Posturas encontradas sobre la viabilidad legal
Por su parte, Vicente Vázquez Bustos, representante de la Consejería Jurídica, manifestó reservas sobre la viabilidad de la reforma, argumentando que el tratamiento normativo propuesto es aislado y no contempla adecuadamente lo establecido en la legislación actual.
Durante la discusión, también se advirtió que actualmente no existe capacidad suficiente para aplicar el control de confianza a todo el personal del sector privado, lo que podría derivar en situaciones de difícil cumplimiento.
La mesa de trabajo fue encabezada por el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, quien pidió enviar por escrito las observaciones vertidas para revisar los aspectos susceptibles de mejora en la iniciativa. Participaron representantes de la Secretaría de Seguridad y Paz, el Ayuntamiento de León, el Tribunal de Justicia Administrativa, así como empresas y expertos en seguridad privada.
