Con el objetivo de reducir el impacto del tabaquismo y limitar el acceso de niñas, niños y adolescentes a productos nocivos, el grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa para prohibir los cigarros electrónicos y vapeadores en el estado de Guanajuato.
La propuesta contempla reformas a la Constitución Política local para prohibir la producción, distribución, comercialización y cualquier actividad relacionada con este tipo de dispositivos, incluyendo profesiones e industrias vinculadas a ellos.
El crecimiento del vapeo en adolescentes
Durante la exposición de motivos, el diputado Antonio Chaurand Sorzano destacó que el consumo de vapeadores y cigarros electrónicos ha crecido de forma acelerada entre jóvenes. Citó datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2023, que revelan que el 4.3% de los adolescentes en México ya usan cigarrillos electrónicos, más del doble respecto al 1.8% reportado en 2021.
Según el legislador, aunque estos productos se promocionan como una alternativa menos dañina al cigarro tradicional, su diseño llamativo y sabores atractivos han captado a un público joven, lo cual representa un riesgo sanitario.
Riesgos y cifras alarmantes
Chaurand también refirió estadísticas preocupantes: en México, más de 16 millones de personas consumen tabaco, y cada año mueren más de 63 mil personas por causas atribuibles a este hábito. Señaló que organismos como la OMS y la OPS han advertido que los vapeadores no son inocuos y pueden contener sustancias tóxicas que generan adicción.
Además, cuestionó la calidad de los ingredientes usados en estos dispositivos, cuya fabricación y venta no siempre están debidamente reguladas.
En manos del Congreso
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Guanajuato, donde será analizada y dictaminada. De ser aprobada, colocaría al estado entre los primeros en establecer una prohibición constitucional explícita sobre estos productos.
El diputado sostuvo que con esta reforma se busca armonizar el marco jurídico local con la legislación nacional en materia de salud, con énfasis en proteger a la población infantil y juvenil, los sectores más vulnerables ante el marketing de estos dispositivos.
