Una empleada de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa) de Celaya, identificada como Adriana, fue destituida de manera inmediata tras difundirse un video en el que se le escucha amenazar a un ciudadano con desaparecerlo por 2 mil pesos, durante una discusión ocurrida el pasado fin de semana en la explanada del Parque Morelos.
Según testigos, el altercado inició por un conflicto relacionado con un espacio de estacionamiento, pero escaló cuando la funcionaria profirió la amenaza: “A mí me faltan 2mil pesos que te desaparezcan”, una frase que ha encendido la indignación ciudadana y generado reacciones a nivel local y nacional.
El alcalde Juan Miguel Ramírez, de Morena, junto con el director de Jumapa, Saúl Trejo Fuentes, confirmaron la separación inmediata del cargo, señalando que la conducta de Adriana “no representa los valores de la institución” ni del actual gobierno municipal.
Regidora Juncal Solano se contradice y desata polémica
El caso también ha tenido repercusiones políticas. Juncal Solano, regidora y excandidata de Morena, publicó en redes sociales un mensaje inicial en el que acusaba al PAN de estar detrás del incidente, afirmando erróneamente que la funcionaria pertenecía a ese partido.
Sin embargo, una vez que se comprobó que Adriana formaba parte del equipo de Morena, Solano borró su publicación y publicó un segundo mensaje en el que apoyó la destitución y condenó la violencia. Esta rectificación ha provocado críticas y burlas en redes sociales, donde usuarios señalaron la intención de politizar el caso sin verificar los hechos.
Periodista critica contexto de violencia y narcopolítica
Por su parte, el periodista Gustavo Macalpin también abordó el tema en redes, destacó que las desapariciones en Celaya aumentaron un 400% en el primer trimestre de 2025, y cuestionó la gravedad de que una amenaza de este tipo se exprese tan abiertamente.
“¿Y cómo no? Si al gobierno le cuesta 2 mil pesos desaparecer gente, con razón. Las cifras están en sus máximos históricos”, afirmó con ironía. Además, apuntó al partido en el poder como responsable político:
“¿Qué partido puede hasta presumir su cercanía con integrantes del crimen organizado? Seguramente usted ya lo adivinó”, concluyó.
El caso ha reavivado el debate sobre violencia institucional, impunidad y responsabilidad política en Celaya, una ciudad que atraviesa momentos críticos por la inseguridad y los crecientes vínculos entre política y crimen organizado.