Guanajuato

Clama justicia esposa de Don Nico: “Él no se quedaba callado, no era un agachado”

La viuda de José Guadalupe Casas Rodríguez “Don Nico” pidió que la violencia no se repita en Urireo; autoridades municipales confirman que el delegado había sido víctima de extorsión

Clama justicia esposa de Don Nico: “Él no se quedaba callado, no era un agachado”
Los funerales de don nico se celebran hoy con una caravana exigiendo justicia por el homicidio que quedó captado en un directo de Facebook. Especial

La esposa de José Guadalupe Casas Rodríguez, conocido por el nombre de su negocio como “Don Nico”, pidió justicia tras el asesinato de su esposo en Urireo, Salvatierra, Guanajuato. En declaraciones difundidas por El Sol de León, la mujer aseguró que su esposo era un hombre respetado y querido por los vecinos, que confiaban en él para organizarse y mejorar la vida del pueblo. La muerte de su esposo ha sido noticia internacional debido a que el hombre logró transmitir en directo el atentado y dijo algunas palabras a su esposa con su último aliento; además, lanzó una diatriba “al gobierno”.

“Él no se quedaba callado, no era un agachado. Todos confiaban en él, le pedían apoyo para organizarse. No estábamos de fiesta, no merecía esto”, expresó. La viuda añadió que el municipio le ha brindado apoyo con seguridad y pidió que “esta pesadilla termine, que esto no se repita en el pueblo”.

Afirmó además que Don Nico no había recibido amenazas previas al ataque, lo que ha incrementado el desconcierto entre las familias de Urireo, una comunidad que, según testimonios locales, veía en él a un mediador en temas vecinales y gestor ante las autoridades municipales.

Autoridades confirman antecedentes de extorsión

Por su parte, Juan Gabriel Rocha, secretario del Ayuntamiento de Salvatierra, declaró en rueda de prensa que Casas Rodríguez había sido víctima de extorsión y que recibió amenazas antes y después del atentado.

El funcionario lamentó los hechos y aseguró que el gobierno municipal mantiene comunicación con la familia y con las autoridades estatales de seguridad. Mientras tanto, la comunidad exige que el caso no quede impune y que se refuercen las medidas de protección para sus representantes locales.

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