Antes de su reciente cierre temporal por causas geológicas, la empresa japonesa Yazaki enfrentó en 2023 una investigación internacional por presuntas irregularidades sindicales, en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El caso fue impulsado por la Casa Obrera del Bajío, que denunció que el sindicato Miguel Trujillo, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), habría impedido la participación del personal del tercer turno y recurrido a prácticas antidemocráticas, como la compra de votos durante la votación de legitimación del contrato colectivo realizada el 31 de marzo de 2023. Según el informe de la Red de Solidaridad de la Maquila (RSM), estas acciones habrían contado con la complicidad de personal de Recursos Humanos de Yazaki.
Pese a las quejas presentadas ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el organismo las desestimó, lo que llevó a la Casa Obrera del Bajío a solicitar la intervención del gobierno estadounidense bajo el mecanismo del T-MEC. El 7 de agosto de 2023, Washington determinó que existían pruebas creíbles de una posible denegación de derechos sindicales e instó a México a realizar una revisión.
Aunque el gobierno mexicano optó por no abrir una investigación formal, ambos países acordaron cerrar el caso el 4 de octubre de 2023, tras compromisos de la empresa para respetar la libertad sindical, mantener una política de neutralidad y permitir inspecciones laborales.
Más de tres mil trabajadoras y trabajadores de la planta de León recibieron capacitaciones de la Secretaría del Trabajo sobre negociación colectiva y derechos sindicales.
El caso Yazaki se convirtió en un referente de presión internacional sobre la democratización sindical en el Bajío, región clave del sector automotriz mexicano.