El grupo parlamentario del Partido MORENA presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, con el objetivo de establecer que los ayuntamientos no tendrán competencia para expedir constancias de factibilidad cuando se trate de comunidades indígenas. En su lugar, serán estas comunidades quienes extiendan los documentos, previa aprobación mediante asamblea comunitaria.
La diputada Plásida Calzada Velázquez explicó que tras revisar los reglamentos de alcoholes y de servicios de los municipios con presencia de comunidades indígenas detectaron irregularidades. Por ejemplo, en Apaseo el Alto, la expedición de licencias de funcionamiento depende de la autoridad municipal de manera discrecional y de la aprobación de la secretaría de Ayuntamiento respecto a la opinión de los vecinos; mientras que en Salvatierra, el Ayuntamiento es quien expide las constancias de factibilidad, sin detallar condiciones específicas para otorgarlas.
Existen municipios como Apaseo el Alto, Atarjea, Comonfort, San Miguel de Allende y Tierra Blanca que a través del Ayuntamiento otorgan constancias de factibilidad a discreción, por lo que probablemente el resultado de su decisión está afectado por controversia y suspicacias
— Plásida Calzada Velázquez
La legisladora también señaló que no existe una homologación sobre la distancia mínima en que los locales de venta de bebidas alcohólicas deben ubicarse respecto de parques, jardines, iglesias, dependencias públicas, escuelas o canchas deportivas. Esta situación, dijo, perjudica a las comunidades indígenas, ya que la autoridad municipal es la que determina discrecionalmente la expedición de constancias.
Hoy por hoy, en muchas comunidades indígenas existen locales de venta de bebidas alcohólicas prácticamente frente a jardines, canchas deportivas, capillas, escuelas o iglesias, debido a que han obtenido constancias de factibilidad de manera discrecional por la autoridad municipal en turno”,
Calzada Velázquez remarcó que estas acciones dejan a las comunidades en un estado de indefensión jurídica, ya que carecen de interés para iniciar juicios de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y, por tanto, deben tolerar los efectos de la discrecionalidad de los ayuntamientos.
Reiteró que la emisión de constancias de factibilidad de manera discrecional por parte de los municipios es lesiva y violatoria de los derechos de las comunidades indígenas, quienes buscan vivir en armonía y paz social.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.