El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Guanajuato, con el objetivo de sancionar la cohabitación forzada de personas menores de 18 años o de quienes no tienen capacidad para comprender o resistir el hecho. La propuesta busca visibilizar la desigualdad de género y proteger a niñas y adolescentes frente a prácticas culturales nocivas.
La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco, al presentar la iniciativa, explicó que estas uniones afectan de manera directa la educación, el bienestar físico y emocional, y la participación social de las menores. Citó al Fondo de Población de las Naciones Unidas, que señala que el matrimonio infantil constituye una violación a los derechos humanos.
La legisladora aclaró que las uniones infantiles incluyen tanto matrimonios formalizados como uniones de hecho o consuetudinarias, muchas sin consentimiento pleno. Resaltó que en América Latina y el Caribe las uniones informales son frecuentes y su impacto en la vida de niñas y adolescentes es equivalente al de un matrimonio. En México, estas prácticas persisten principalmente en zonas rurales e indígenas, donde la exclusión educativa y los estereotipos de género las refuerzan.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, 224 mil 454 adolescentes entre 12 y 17 años están casadas o en unión libre, mientras que 21 mil 167 han tenido una relación conyugal previa. La diputada alertó que estas prácticas pueden esconder trata de personas, violencia sexual y esclavitud infantil.
La iniciativa establece que quien obligue o induzca a menores a unirse informalmente con un adulto o alguien de su misma condición enfrentará 8 a 15 años de prisión y de 1,000 a 2,500 días multa, con aumentos si la víctima es indígena, afromexicana o se encuentra en situación de vulnerabilidad. El delito se perseguirá de oficio.
El proyecto fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen, buscando fortalecer la protección penal de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato.