La Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó el dictamen para tipificar y sancionar los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual o la Identidad de Género (ECOSIG), conocidos como “terapias de conversión”. El avance legislativo permite que el pleno discuta una reforma que, por primera vez, colocaría en el Código Penal de Guanajuato penas específicas contra quienes apliquen, obliguen o financien estas prácticas.
Los ECOSIG abarcan desde “terapias” psicológicas, consejerías religiosas y campamentos, hasta internamientos forzados que buscan modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Ninguno de estos métodos tiene sustento médico o científico, y organismos internacionales —como la ONU, la OMS y la CIDH— los consideran formas de violencia que pueden generar depresión, ansiedad, estrés postraumático y riesgo suicida.
Durante la discusión, la diputada María del Refugio Tiscareño defendió el dictamen como un acto de protección a la dignidad humana, pidiendo precisión técnica para evitar ambigüedades en su aplicación. La votación fue de cuatro votos a favor y uno en contra.
La diputada Karol Jared González Márquez, quien al inicio de la legislatura se opuso al matrimonio igualitario, respaldó ahora la prohibición de los ECOSIG. Señaló que ninguna persona debe ser sometida a violencia o coacción para modificar quién es.
“El respeto a la dignidad humana debe prevalecer siempre sin distinción”, afirmó.
La iniciativa original, presentada en junio de 2025 por la diputada Miriam Reyes Carmona (Morena), plantea penas de dos a seis años de prisión y multas de hasta dos mil UMAs, con sanciones agravadas cuando las víctimas sean menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad. En el ámbito sanitario, propone suspender de uno a tres años a profesionistas de la salud que participen en estos actos.
El dictamen será enviado al Pleno para su discusión final.