Guanajuato es la entidad con más activaciones del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), de acuerdo con el Diagnóstico laboral del T-MEC: Evidencia, oportunidades y recomendaciones para la revisión del capítulo 23, publicado por la Coalición ProDESC. El documento identifica cuatro expedientes en empresas del sector automotriz ubicadas en León, Silao e Irapuato, lo que convierte a Guanajuato en el estado con mayor número de procedimientos registrados.
Estos casos incluyen a Draxton (Irapuato), Fränkische (Silao), General Motors (Silao) y la reciente denuncia contra Yazaki (León), además de reportes adicionales de organización sindical en plantas de la misma cadena de autopartes. Con ello, la entidad supera a otros estados manufactureros como San Luis Potosí, Querétaro, Coahuila, Aguascalientes y Tamaulipas, donde se documentan entre uno y tres casos.
EU solicita revisión del caso Yazaki
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) confirmó una revisión urgente contra la planta Grupo Yazaki en León, tras una denuncia presentada por el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA). En su escrito, Estados Unidos pidió a México investigar si existe una “Denegación de Derechos”, definida por el T-MEC como cuando se niega a las personas trabajadoras el derecho de “libertad de asociación y negociación colectiva”.
El documento afirma que la empresa habría interferido en “actividades concertadas para organizarse, formar y unirse al sindicato de su elección”, además de presuntamente ejercer “discriminación o coerción contra trabajadores por actividad o apoyo sindical”, e incluso implementar “despidos y reasignaciones”, “prohibición de que las personas trabajadoras hablen entre sí”, “negación de horas extra” y restricciones para difundir materiales sindicales, mientras “se permite la colocación de materiales similares asociados con otro”.
Como medida inmediata, Estados Unidos suspendió la liquidación de mercancías no liquidadas provenientes de la planta. Esto detiene el trámite aduanero y, si se confirma la violación, puede derivar en aranceles más altos o bloqueo de exportaciones, afectando directamente a la empresa. México dispone de 10 días para aceptar la revisión y 45 para resolverla.