La línea que divide a Jalisco y Guanajuato se ha convertido en un corredor donde la movilidad delictiva se mueve más rápido que los límites administrativos. Esa condición motivó que los gobiernos de Pablo Lemus Navarro y Libia Dennise García Muñoz Ledo, titular del gobierno de Jalisco y la gobernadora de Guanajuato, firmaron un acuerdo de colaboración en seguridad pública, orientado a contener delitos en la franja limítrofe y acelerar intervenciones conjuntas.
La apuesta es clara: impedir que los grupos criminales utilicen la frontera como zona de escape y fortalecer la vigilancia, la investigación y la prevención.
Una frontera menos porosa
El acuerdo formaliza, pero sobre todo intensifica, una coordinación que ya operaba con municipios colindantes.
El gobernador Lemus destacó que las acciones previas han generado resultados “palpables”, mientras que la gobernadora Libia García recalcó que ambas entidades comparten una visión de paz que trasciende líneas territoriales.
El documento firmado abre la puerta a intercambios más ágiles de información estratégica, inteligencia operativa y protocolos de búsqueda. También plantea un esquema de capacitación policial conjunta, operativos simultáneos en carreteras compartidas, atención a población migrante, combate a la corrupción y fortalecimiento de la participación ciudadana como mecanismo de prevención. La lógica es evitar que la falta de coordinación sea aprovechada por las organizaciones criminales para moverse entre entidades sin presión policial.
Por su parte el secretario de gobierno de Guanajuato Jorge Jiménez Lona, afirmó que el acuerdo es un paso en el camino indicado hacia la pacificación de estos territorios.
Es un gran paso para fortalecer la colaboración regional y consolidar el mayor esfuerzo de nuestra historia en defensa de la paz y la tranquilidad de la Gente
— Jorge Jiménez Lona /Secretario de Gobierno de Guanajuato
En la firma participaron representantes de los gabinetes de seguridad de ambos estados y autoridades del Poder Judicial, lo que supone un respaldo institucional más amplio que un simple convenio administrativo. La expectativa pública está puesta en que esta alianza reduzca la capacidad de fuga del crimen organizado en las zonas limítrofes, donde históricamente la respuesta estatal se fragmenta.
Con este blindaje conjunto, Jalisco y Guanajuato buscan consolidarse como bloque regional de seguridad, un movimiento que llega en un momento donde la ciudadanía exige coordinación efectiva y resultados verificables, no solo discursos.