El Congreso del Estado de Guanajuato volvió a rechazar la despenalización del aborto, en una votación cerrada de 19 votos contra 17, con la mayoría legislativa integrada por PAN, PRI, PRD y una parte del Partido Verde. Con este resultado, la interrupción del embarazo permanece penalizada en la entidad, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional criminalizarla desde 2021.
Durante la discusión, el ambiente en el Pleno se tensó: entre gritos, un grupo presente en las galerías coreó al unísono “¡Guanajuato es pro vida!”, lo que obligó a la Mesa Directiva a pedir silencio en repetidas ocasiones. Las consignas marcaron el tono polarizado del debate y reflejaron la presión social que rodeó la votación.
La sesión se desarrolló en un ambiente polarizado, repetido casi punto por punto respecto a la votación de junio. La bancada del PAN, con 16 votos, mantuvo una postura unificada contra la reforma; se sumaron Rocío Barba del PRI, María del Pilar Gómez del PRD y Luz Itzel Mendo del Verde. Este bloque frenó nuevamente los esfuerzos legislativos para armonizar el Código Penal con los criterios federales de no criminalización.
A favor de la despenalización votaron 17 diputadas y diputados: 11 de Morena, dos de Movimiento Ciudadano, uno del PT, dos del PRI, Alejandro Arias y Ruth Tiscareño, y Sergio Contreras del Partido Verde. El bloque progresista, aunque más amplio que en legislaturas anteriores, no alcanzó los votos necesarios para modificar el marco penal.
Con esta decisión, Guanajuato se mantiene como uno de los pocos estados del país donde el aborto continúa tipificado como delito, aun cuando la SCJN determinó que sancionarlo es inconstitucional y viola derechos fundamentales de igualdad, libertad reproductiva y acceso a la salud.
Mientras organizaciones feministas reiteraron que el Congreso se mantiene rezagado y ajeno a los estándares nacionales, el bloque conservador defendió que el marco penal actual “no discrimina” y que modificarlo “no responde a las necesidades del estado”.
En septiembre de 2021, México vivió un punto de inflexión jurídico: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que criminalizar el aborto viola la Constitución. Desde entonces, los congresos estatales han respondido de forma desigual: algunos acataron el fallo y reformaron sus Códigos Penales; otros mantienen penas de cárcel; y varios han tenido que modificar sus leyes solo después de resoluciones judiciales que los obligaron a hacerlo.
En este contexto nacional, el Congreso de Guanajuato decidió no armonizar su legislación. Con una votación dividida de 19 votos en contra y 17 a favor, la mayoría legislativa rechazó nuevamente la despenalización del aborto y mantuvo vigentes los artículos del Código Penal que sancionan la interrupción del embarazo, pese a que el criterio de la SCJN es vinculante y de aplicación general.