La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor del recurso presentado por la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA Guanajuato) y estableció un precedente que marca un antes y un después en la protección de las infancias frente al bullying.
El caso surgió cuando una madre denunció burlas, agresiones y maltratos contra su hijo en su escuela. Aunque un juzgado determinó que la acción había prescrito y un Tribunal Colegiado concluyó que no se acreditaba el acoso escolar, PEPNNA impugnó la resolución por apartarse de los criterios internacionales en materia de derechos de la niñez.
La Presidencia de la Corte admitió el recurso y ordenó juzgar con perspectiva de infancia, subrayando la obligación del Estado de aplicar el principio del interés superior de la niñez y la progresividad de los derechos humanos.
El Pleno de la SCJN aprobó por unanimidad un proyecto que aclara tres puntos clave:
- El Tribunal Colegiado interpretó de manera incorrecta un criterio previo sobre bullying.
- No es necesario que las agresiones tengan la misma naturaleza —física, verbal o psicológica— para acreditar acoso.
- Las autoridades deben analizar estos casos con diligencia reforzada, enfoque de protección integral y estándares internacionales.
Este precedente obliga a todas las instituciones a evaluar el bullying como una forma de violencia que impacta el desarrollo emocional, social y educativo de niñas, niños y adolescentes.
Guanajuato reivindica la voz de las infancias
La titular de PEPNNA, Tere Palomino Ramos, señaló que la resolución “fortalece la protección frente a cualquier forma de violencia y obliga a actuar con mayor sensibilidad y responsabilidad”. Agradeció el respaldo de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien ha reiterado que “la niñez está en el centro de las políticas públicas”.
Referente nacional con eñ acoso
El fallo se convierte en un criterio fundamental para todo el país: reconoce que el bullying no es un juego ni una broma, sino una forma de violencia que el Estado debe atender con prioridad absoluta para garantizar escuelas seguras y vidas libres de agresiones.