Guanajuato pidió a la Federación “atender las llamadas de extorsión desde los penales” e inhibir la señal telefónica, con énfasis en un centro penitenciario de Tamaulipas, señalado como origen de llamadas que llegan a víctimas en distintos estados.
La petición quedó asentada en el marco de la LII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada hace unos días en Palacio Nacional.
En Guanajuato, la extorsión acumuló mil 60 denuncias, lo que equivale a 16.38% de todas las carpetas de investigación abiertas por este delito en el país.
El planteamiento se expuso durante la intervención de la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, quien enumeró peticiones de distintas entidades e incluyó la solicitud del Gobierno de Guanajuato sobre extorsión carcelaria.
La petición ocurrió mientras el Gobierno de México y los estados aprobaron el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, presentado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El acuerdo busca armonizar leyes, fortalecer el 089 y crear o robustecer áreas especializadas en fiscalías estatales.
En cifras recientes, la SSPC reportó que, desde el 6 de julio de 2025, se han recibido más de 102 mil 800 llamadas al 089 y se ha detenido a más de 600 personas por este delito en 22 estados.
A nivel nacional, la extorsión se mantiene como uno de los retos prioritarios hacia 2026. En Guanajuato, el delito también aparece en reportes oficiales de incidencia.
El bloqueo o inhibición de señal en penales busca cortar de raíz una modalidad que depende del uso ilegal de celulares: si la llamada no sale del reclusorio, no llega a hogares ni negocios.
Si recibe una llamada sospechosa, autoridades recomiendan no engancharse, no dar datos personales, colgar y reportar de inmediato. El 089 funciona como línea de denuncia para orientar y canalizar casos de extorsión, mientras que el 911 atiende emergencias. También ayuda avisar a familiares o al negocio para evitar depósitos o transferencias.