La presidenta de México aclaró que la reciente sanción anunciada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el cártel de Santa Rosa de Lima, relacionada con el robo de hidrocarburos, no parte de hechos nuevos, sino que se suma a medidas financieras que ya estaban en curso desde hace varios años.
Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que el congelamiento de cuentas vinculadas a este grupo criminal ya se había aplicado con anterioridad, y que la sanción adicional forma parte de un proceso que venía desarrollándose desde tiempo atrás.
Indicó que la información fue compartida por Omar Reyes, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y precisó que los detalles operativos, así como cualquier investigación penal relacionada, corresponden a las fiscalías y a las instancias de seguridad, no al Poder Ejecutivo.
Huachicol, foco de sanciones financieras internacionales
La presidenta también fue cuestionada sobre señalamientos del gobierno estadounidense respecto a que el liderazgo del cártel habría seguido operando incluso desde prisión. Al respecto, señaló que si existiera la comisión de algún delito desde centros de detención, la responsabilidad de informar e investigar recae en la Secretaría de Seguridad y en la fiscalía correspondiente.
“Tenemos información, pero a quien le corresponde informarlo es a la fiscalía”, puntualizó, al subrayar que estos temas deben atenderse por las vías institucionales y conforme a las competencias legales de cada autoridad.
El caso se da en un contexto en el que Estados Unidos ha identificado el huachicol como una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, lo que ha derivado en sanciones económicas y financieras contra organizaciones con operación en México, particularmente en estados del centro del país como Guanajuato.
Cartel Santa Rosa sigue activo como estructura familiar pese a la caída de “El Marro”
Autoridades federales han señalado que, aunque la captura de José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, debilitó su estructura, el Cártel de Santa Rosa de Lima continúa operando en Guanajuato bajo una lógica de negocio delictivo familiar, con células que mantienen el control territorial en actividades como el robo de combustible, extorsión y narcomenudeo, según diagnóstico oficial.