La mesa de trabajo para analizar la reforma constitucional sobre la protección de la unidad familiar de personas migrantes en el Congreso de Guanajuato inició con una denuncia directa, personal y urgente: redadas, detenciones arbitrarias y familias separadas por acciones de autoridades migratorias en Estados Unidos.
La diputada Yesenia Rojas Cervantes (primera diputada trasnacional del estado) relató que fue testigo, apenas el fin de semana pasado, de cómo jóvenes fueron detenidos en sus centros de trabajo, cómo un vendedor de flores fue llevado por agentes de migración y cómo un vecino fue arrestado simplemente por ir a comprar leche para su familia. “Ellos fueron detenidos el domingo y ayer ya estaban en Tijuana”, narró.
Ese testimonio no fue anecdótico: fue el punto de partida para justificar una reforma que busca elevar a rango constitucional el Derecho a la Protección de la Unidad Familiar de las Personas Migrantes en Guanajuato.
Rojas advirtió que estas situaciones no son aisladas, sino parte de un clima creciente de hostigamiento, persecución e incertidumbre que vive la comunidad migrante. Subrayó que las consecuencias no solo son legales, sino profundamente humanas: separación de hijos, madres, padres y abuelos; pérdida de ingresos familiares y ruptura del tejido social.
En ese contexto, recordó que la comunidad migrante no solo es víctima de estas políticas, sino también un pilar económico. Citó datos del Banco de México: en noviembre de 2025 las remesas alcanzaron 5 mil 125 millones de dólares y de enero a noviembre sumaron 56 mil 469 millones de dólares, aunque con una caída anual del 5%, atribuida —dijo— al endurecimiento de las políticas contra migrantes.
A partir de este panorama, explicó que la iniciativa busca que la protección de las familias migrantes deje de depender de programas temporales y quede inscrita en la Constitución local, obligando al Estado a mantener acciones permanentes de atención integral.
“Porque ningún muro, y mucho menos la opresión, puede estar por encima de la dignidad humana ni del derecho a la unidad familiar”,
— Yesenia Rojas Cervantes, diputados migrante
Una reforma con efectos reales
Durante la discusión, el diputado Juan Carlos Romero Hicks coincidió en que la propuesta tiene un carácter innovador, al llevar este derecho al máximo nivel normativo. Sin embargo, advirtió que esto implicaría obligaciones para todo el aparato público: municipios, Estado y poderes constituidos.
Señaló que el fenómeno migratorio debe entenderse en cuatro momentos —origen, tránsito, destino y retorno— y que cada uno requiere respuestas legales, institucionales y presupuestales distintas.