El Congreso del Estado de Guanajuato fue notificado de la admisión a trámite de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI) 16/2025 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relacionada con la invalidez de diversos artículos del Código Penal estatal que criminalizan el aborto.
Sobre este proceso, la senadora Malú Micher dio a conocer que la admisión de la declaratoria marca un momento decisivo para Guanajuato, al consolidar el derecho a decidir como un derecho humano y abrir la puerta a la armonización legislativa conforme al marco constitucional y convencional vigente.
La declaratoria se refiere específicamente a los artículos 159, 160, 162 y 163, los cuales, de acuerdo con resoluciones previas de la Corte, vulneran derechos humanos fundamentales. A partir de la notificación, el Congreso local cuenta con un plazo constitucional de 90 días para derogar o reformar dichas disposiciones. En caso de no hacerlo, la SCJN podrá invalidarlas con efectos generales en todo el estado.
Este procedimiento deriva del litigio estratégico impulsado por GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida) y de una resolución de la Primera Sala de la SCJN, que determinó que la criminalización del aborto viola la dignidad humana, el derecho a la salud, la igualdad y no discriminación, la vida privada y el libre desarrollo de la personalidad.
La Corte reiteró que el derecho penal no puede utilizarse para imponer una visión moral, ni para sancionar decisiones reproductivas, al tratarse de ámbitos protegidos por la Constitución y por los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Persisten restricciones al aborto en Guanajuato
En el estado de Guanajuato, la interrupción voluntaria del embarazo continúa penalizada en la mayoría de los casos conforme al Código Penal local, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional la criminalización del aborto en México.
La legislación estatal solo contempla excepciones específicas, como cuando el embarazo es resultado de una violación o representa un riesgo para la salud, y no permite la interrupción por decisión de la persona gestante. Además, diversas iniciativas para su despenalización han sido rechazadas recientemente por el Congreso local, lo que ha mantenido sin cambios el marco legal vigente.