Diputadas del grupo parlamentario del partido Morena presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Guanajuato y a diversas leyes locales en materia de interrupción legal del embarazo, con el objetivo de garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes.
La propuesta fue formulada por las diputadas Plásida Calzada Velázquez, Miriam Reyes Carmona, Hades Berenice Aguilar Castillo y Martha Edith Moreno Valencia, y contempla modificaciones a la Ley de Salud, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Víctimas y el Código Penal estatal.
Al dar lectura a la iniciativa, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo señaló que los derechos reproductivos se sustentan en la posibilidad de que las personas tomen decisiones libres, informadas y autónomas, sin violencia ni discriminación, sobre su sexualidad y reproducción.
Argumentan impacto social y derechos humanos
Durante la exposición de motivos, se indicó que la penalización del aborto no evita su práctica, sino que incrementa los costos económicos y sociales, empujando a las mujeres que no pueden acceder a servicios seguros a recurrir a procedimientos clandestinos, con riesgos para su salud y su vida.
Asimismo, se advirtió que cuando el Estado hace inaccesibles los servicios de aborto, incurre en violaciones a derechos humanos y se vuelve corresponsable de los niveles de clandestinidad, morbilidad y mortalidad materna asociados a estas prácticas.
La diputada Aguilar Castillo también hizo referencia a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada del amparo promovido por el GIRE, en la que se declararon inconstitucionales los artículos que criminalizan el aborto en cualquier etapa del embarazo, incluso con consentimiento de la mujer.
Cambios propuestos a leyes y comisiones
La iniciativa propone reformar la Constitución local para sustituir el reconocimiento de la vida desde la concepción por el derecho a decidir de forma libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de hijas e hijos, así como la obligación del Estado de garantizar educación sexual y servicios de salud reproductiva.
Además, se plantea eliminar la criminalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en el Código Penal; reconocer el derecho a la autonomía reproductiva en la Ley de Salud; incorporarlo como principio en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y garantizar servicios de anticoncepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo en la Ley de Víctimas.
Las reformas fueron turnadas a distintas comisiones legislativas: Gobernación y Puntos Constitucionales, Justicia, Salud Pública e Igualdad de Género, para su análisis y dictaminación.